Los jueces exigen la «inmediata dimisión» de Irene Montero por sus «ofensivas» acusaciones hacia ellos

Las descalificaciones vertidas contra los jueces por la ministra Irene Montero y otros responsables políticos -la mayoría de ellos de su partido, Podemos- con ocasión del proceso de revisión a la baja de determinadas condenas por delitos contra la libertad sexual, que se ha desencadenado como consecuencia de la vigencia de la ley del 'sólo sí es sí', ha sido la gota que colma el vaso de un Poder Judicial que, con más frecuencia de la deseable, ha visto cómo desde las filas moradas se acusaba y señalaba a jueces concretos por dictar sentencias que no eran conformes a los estándares del particular concepto de la Justicia que mantiene el ministerio de Igualdad. Los jueces han exigido la «inmediata dimisión» por las «intolerables e inadmisibles» declaraciones efectuadas por Irene Montero que «se suman a sus ataques constantes a los jueces y juezas de este país».

La titular de Igualdad, lejos de reconocer su responsabilidad en el error legislativo que ha llevado a cientos de delincuentes sexuales a mejorar sus castigos –reduciendo las penas de prisión o incluso quedando en libertad–, cargaba contra quienes en democracia están llamados a aplicar el ordenamiento vigente, sea cual sea, y provocaba un reproche automático de los principales actores jurídicos: Consejo General del Poder Judicial, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, jueces y magistrados,... La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una de las principales asociaciones de la carrera en nuestro país, daba un paso más y exigía su «inmediata» salida del cargo.

«En un Estado de Derecho es perfectamente admisible la crítica a las resoluciones judiciales, aunque sería recomendable que, si tales críticas provienen de otro poder del Estado, se produjeran dentro de la ponderación y la prudencia que demandan las más elementales normas de respeto institucional. La acusación de que existe un prejuicio generalizado en el Poder Judicial contra las mujeres, además de carecer del más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y produce una alarma innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos, devaluando los estándares de calidad democrática que, en toda la Unión Europea, reclama el valor Estado de Derecho», denunciaban hace unas horas en un comunicado emitido desde la entidad judicial.

Los jueces en España «estamos firmemente comprometidos con la protección de las víctimas y, de igual modo, con las garantías de quienes están sometidos a un proceso penal. Y ese compromiso comporta el diligente cumplimiento de las obligaciones que resultan de la aplicación de la ley que soberanamente ha sido aprobada por nuestras cámaras legislativas, en cuanto a prestar a unos y otros la necesaria tutela efectiva», recordaban a Irene Montero desde la APM.

Por lo que «acudir a descalificaciones generalizadas con fundamento en pretendidos prejuicios y estereotipos, en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse, por imperativo de los básicos principios penales, en favor del reo, resulta una actuación totalmente reprobable por falsa y por injusta; sobre todo, teniendo en cuenta que tal afirmación se desmiente con la evidencia constatable de la labor cotidiana de los Juzgados y Tribunales que persiguen con determinación y denuedo las conductas criminales que integran estos delitos contra la libertad sexual», concluía la nota antes de pedir la dimisión de la ministra de Igualdad.

Los jueces progresistas, también

En la misma línea se manifestaba la entidad progresista Juezas y Jueces para la Democracia, próxima a la sensibilidad socialista, al considerar «muy desafortunadas e inapropiadas las manifestaciones» que desde el Ministerio de Igualdad «se han llevado a cabo a propósito de la revisión de algunas condenas por delitos contra la libertad sexual».

«La reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales, tal y como el propio CGPJ ya advirtió en el preceptivo informe que antecedió a la aprobación de esa Ley Orgánica. Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como «Justicia machista» o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley, manifestaciones que, además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover», denunciaban los jueces de izquierdas.

Y los jueces independientes

Para Foro Judicial Independiente (FJI) es imprescindible señalar cómo «durante la tramitación parlamentaria de esta Ley Orgánica, ya diversas instituciones y organismos advirtieron que algunos tipos penales verían reducidas sus penas y que ello podría conllevar en algunos casos la revisión de condenas ya firmes». Pese a ello, el Ministerio de Igualdad y el Gobierno continuaron con su proyecto hasta la aprobación del mismo y hasta el punto en el que «recientemente, se han conocido resoluciones de diversos órganos judiciales que han procedido a revisar condenas de este tipo de delitos y han llevado a cabo una rebaja de aquellas por aplicación del principio general de retroactividad de la ley penal más favorable».

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, «manifestó que los jueces aplican de forma defectuosa la ley, y que hay jueces que están incumpliéndola». La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, por su parte, «habló de Justicia machista y afirmó que el problema no es la ley. Y la secretaria de Estado de Igualdad afirmó que era »una vergüenza la falta de formación de los jueces en materia de género en España«. Ante tales manifestaciones, desde Foro Judicial Independiente »rechazamos frontalmente esta reacción injusta y pueril".

Desde el Ministerio competente «debería asumirse la responsabilidad de quien, conociendo el riesgo que existía de que se produjeran rebajas de condena, no hizo el más mínimo esfuerzo por rectificar los posibles efectos no queridos de un proyecto legislativo elaborado de manera defectuosa. En lugar de eso, se ha cargado de forma injusta y generalizada contra quienes debemos aplicar la Ley elaborada por el Parlamento. Ha dicho que no cumplimos la Ley quienes, diariamente y, en muchas ocasiones sin los medios adecuados para ello, no hacemos otra cosa que trabajar para, precisamente, combatir la violencia machista».

Por eso,« dada la gravedad de las acusaciones vertidas y el infantilismo de tratar de proyectar a otros la responsabilidad por actos propios, entendemos que la Sra. Ministra de Igualdad debería presentar su dimisión para cerrar este lamentable espectáculo con una mínima dignidad», han manifestado sin paños calientes desde FJI.