Sánchez celebra la Constitución dispuesto a plantear reformas de calado en el Poder Judicial y la Corona

El objetivo no es otro que debilitar estructuras de la «indisoluble» unidad de la nación que protege la Constitución para dar más autonomía a regiones como Cataluña. O retirar la inviolabilidad del Rey, como Jefe del Estado, que la Carta Magna reconoce, como excusa para retocar el título de la Corona. Desde que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa, gracias a su moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, han sido varias las ocasiones en las que el socialista ha reconocido su disposición a revisar el texto constitucional.

Tras la retirada del delito de sedición del Código Penal como peaje a los votos separatistas de Esquerra (ERC) y EH-Bildu a los Presupuestos Generales del Estado y con la llegada de dos perfiles afines al Ejecutivo y filocatalanistas como nuevos miembros designados por el Gobierno al Tribunal Constitucional el caldo de cultivo está servido para abrir en algún momento lo que, hasta la fecha, había sido para todos los presidentes de la democracia el muro de contención frente a los enemigos del Estado. Tal es así que la ex alto cargo de la Generalitat y catedrática de la Universidad de Barcelona Laura Díez, nueva magistrada de la Corte de Garantías por la gracia de Sánchez, ya ha abogado por reformar la Constitución con el pensamiento puesto en Cataluña, incluso antes de tomar posesión de su cargo en el máximo órgano encargado de velar por el cumplimiento de los marcos constitucionales.

No es la primera vez que el líder de los socialistas utiliza una designación discrecional como fórmula para deslizar su predisposición a la modificación del texto constitucional bajo el pretexto de incorporar nuevos derechos como los relativos al medio ambiente o a la salud, pero sin descartar que la inviolabilidad del Rey es un «anacronismo» que conviene eliminar para evitar situaciones como el actual destierro de Don Juan Carlos en Abu Dabi. No en vano, en octubre de 2021, Pedro Sánchez colocaba a su ministro de presidencia, Félix Bolaños, al frente de una secretaría específica en el PSOE cuyo objetivo no es otro que la reforma de la Constitución.

La revisión de la Carta Magna ha sido, siempre, una de las bazas que Sánchez ha barajado como posible eje vertebrador para el discurso de su último año de legislatura. E, incluso, de una subsiguiente reedición en el cargo si tras las generales de 2023 es capaz de reeditar el «Gobierno frankenstein», con el apoyo de los separatistas catalanes, gallegos y vascos y de los partidos minoritarios.

La idea de fondo es preparar a los españoles para una susceptible adaptación constitucional, consciente como es de que una futura y eventual modificación del texto por el procedimiento agravado –imprescindible en cualquier intervención, por mínima que sea, que afecte al título preliminar, la sección primera del capítulo segundo del título I, sobre los derechos individuales y las libertades públicas; o, a cualquier parcela del título II, que trata sobre la Corona, tanto en lo relativo a la sucesión dinástica y la prevalencia del varón sobre la mujer, como para descartar la inviolabilidad del monarca– exige su aprobación por un total de dos tercios de las Cortes, la inmediata disolución de ambas Cámaras, la convocatoria de elecciones, una segunda aprobación por parte de las dos nuevas cámaras ya constituidas y, por último, la consulta vía referéndum al pueblo español.

De ahí que Sánchez haya considerado una opción intermedia para aplicar, antes de lanzarse al escenario más complejo: la vía del artículo 92 de la Constitución, en el que se autoriza al Gobierno a someter a referéndum cualquier materia de calado o, lo que es lo mismo, tantear a los españoles sobre su posición acerca de una reforma mayor. Una posibilidad que podría, además, saciar las expectativas del separatismo catalán y su consulta pactada sobre la cuestión territorial de Cataluña en el conjunto del Estado español.

De hecho, la mera alusión a la reforma constitucional, en este último extremo, siempre ha hecho subir enteros al Gobierno en su mesa de diálogo bilateral con el Ejecutivo separatista catalán determinado a votar su futuro en el conjunto nacional, sin la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un nuevo Estatut bajo el brazo y el visto bueno del Tribunal Constitucional que, con la llegada del exministro Juan Carlos Campo, la exalto cargo Laura Díez, la más que previsible incorporación del magistrado progresista José Manuel Bandrés y bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido quedará moldeado a la medida de Sánchez y pendiente de resolver sus leyes más polémicas e ideológicas.