El Gobierno arrastra a las Cortes en su guerra contra el Constitucional y prepara el contraataque

El mismo Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales los dos estados de alarma de Pedro Sánchez propinó este lunes un mazazo histórico al Gobierno y sus dudosos métodos legislativos. Uno de imprevisibles consecuencias, dado que nadie en el PSOE quería adelantar acontecimientos y ponerse en el escenario que finalmente se produjo.

No obstante, la primera en comparecer fue la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para anunciar el «cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional», porque ni eso estaba claro. «A la mayor brevedad esperamos ser oídos para defender la autonomía parlamentaria y las funciones del poder legislativo», añadió.

Minutos después compareció también el presidente del Senado, Ander Gil, mucho más político y visceral en su declaración y menos institucional. Gil anticipó una «crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia». «Es un paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático», advirtió, aunque también anunció que la Cámara Alta acatará y dará cumplimiento a la decisión del TC.

El bloque conservador de éste, encabezado por el presidente, Pedro González-Trevijano, no se dejó amedrentar por las presiones y hasta amenazas del Gobierno y, entrada la noche, aceptó las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP contra la reforma de dos leyes orgánicas -las del Poder Judicial y del propio Constitucional- por la puerta trasera de la proposición de ley de la sedición y la malversación. No podrán votarse en el pleno del jueves en el Senado.

Los socialistas pasaron en cuestión de días del convencimiento de que el Constitucional no se iba a atrever a suspender una votación -el jueves- a la contraofensiva -el viernes-, con el intento de recusar a dos de los cuatro magistrados con el mandato vencido. Solo a los del bloque conservador, el propio González-Trevijano y Antonio Narváez, para inclinar la balanza a favor del bloque progresista.

Este lunes, después de muchas horas de pleno en el Constitucional, en el Gobierno empezaron a adivinar el desenlace cuando se conoció que los magistrados habían rechazado ambas recusaciones. Con el consiguiente enfado.

En torno a la medianoche compareció en la Moncloa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que no anticipó ningún escenario, más allá de proclamar que el Gobierno acatará «pese a que no compartimos el insólito procedimiento ni el fondo de la decisión». «Lo ocurrido es de una gravedad máxima (...). El Tribunal Constitucional ha detenido la acción legislativa, no ha sucedido nunca en 44 años ni en ningún país de nuestro entorno», lamentó.

Bolaños envió un mensaje de «tranquilidad» a la ciudadanía y afirmó, enigmático: «El Gobierno seguirá actuando siempre en el marco de la ley y la Constitución. La democracia y la Constitución siempre se abrirán camino».

Ahora le toca mover ficha a Sánchez, una vez fracasado su intento de tomar el TC a través de dos enmiendas en una reforma del Código Penal; tramitada, a su vez, como proposición de ley en apenas un mes, sin informes de los órganos consultivos del Estado ni comparecencias, y sin apenas debate.

El Constitucional no ha entrado en el fondo, solo en la forma. Los populares sostenían en su recurso que el atajo suponía «un atentado a la separación de poderes, una quiebra grave del Estado de Derecho y son indiscutiblemente incompatibles con la Constitución».

Lo lógico sería que el presidente diera orden a su grupo parlamentario de retirar ambas enmiendas y siguiera los cauces ordinarios para reformar las dos leyes orgánicas, puesto que la mayoría parlamentaria la tiene. Ése nunca ha sido el problema, sino las prisas que le entraron a Sánchez para forzar cuanto antes una mayoría de izquierdas y catalanista en el máximo intérprete de la Constitución.

Sin embargo, y pasado el shock inicial, cualquier reacción es posible, puesto que ya el pasado jueves el presidente del Gobierno se quejó del «intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha no solo política, sino también judicial». Ese día fue cuando el pleno del Congreso aprobó la proposición de ley.

Sus socios de Unidas Podemos llevaban días pidiéndole que, en caso de que el TC suspendiera el pleno del Senado, desobedeciera la decisión. Sin ir más lejos, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, sostuvo este lunes: «Si el TC interviene de forma inaudita no habría motivos para acatar una orden como ésa». Que es lo que hizo el prófugo Carles Puigdemont en 2017 con los múltiples requerimientos del Constitucional para que desconvocara el referéndum ilegal.

Ése es el único escenario que descartaron este lunes los presidentes de las Cortes y el ministro de la Presidencia. Todo lo demás es posible. Las próximas horas serán cruciales.