El Constitucional aborda el lunes la petición del PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio tribunal
Recurso de amparo
El Constitucional mantiene la suspensión de la reforma legal del Gobierno que no podrá votarse en el Senado
El Pleno del Tribunal mantiene, por seis votos a cinco, las medidas cautelarísimas que impiden aprobar las enmiendas parciales de las leyes orgánicas del CGPJ y de la propia Corte
No habrá ningún cambio sobre las previsiones de bloqueo del trámite parlamentario de las enmiendas parciales a las leyes orgánicas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la propia Corte que el Gobierno incluyó, por la puerta de atrás, en la reforma penal de los delitos de sedición y malversación. El Pleno del Constitucional reunido este miércoles de urgencia, desde las 19.00 horas, ha confirmado las medidas cautelarísimas acordadas para ambos textos, por seis votos a cinco, en contra del escrito de impugnación del Senado que, mañana jueves día 22, aspiraba a votar la modificación exprés del Código Penal, incluyendo los artículos en cuestión.
Los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón y Ramón Sáez Valcárcel, así como las magistradas María Luisa Balaguer Callejón e Inmaculada Montalbán Huertas han anunciado la emisión de un voto particular.
Según ha podido saber El Debate, la decisión del Tribunal ha resultado de una amplia deliberación en la que la mayoría de los magistrados no han encontrado en el escrito de alegaciones registrado por la Mesa de la Cámara Alta «ningún argumento» distinto de los ya incorporados para oponerse a los mecanismos cautelares provisionalísimos y que «no se haya respondido» antes. Sin embargo, el órgano sí ha admitido la personación institucional del Senado como demandado en el procedimiento abierto sobre el amparo del PP por vulneración del derecho a la participación política de sus diputados en el Congreso. El ponente de dicha resolución será el magistrado Enrique Arnaldo.
La cautelarísima solicitada por el PP sigue vigente y la tramitación de las enmiendas del Gobierno, mañana en el Senado, queda suspendida hasta nueva orden
Tras una nueva sesión de infarto, el Pleno del Tribunal ha rechazado, por segunda vez en esta semana, la petición de una de las cámaras parlamentarias, en este caso el Senado, de levantar la suspensión cautelarísima acordada el lunes hacia los trámites administrativos en curso de la reforma con la que el Ejecutivo socialista perseguía, en definitiva, acelerar el vuelco de la Corte en una mayoría afín.
En relación con este último aspecto, precisamente, unas horas antes de que diese comienzo el cónclave de urgencia, la Fiscalía resucitaba el incidente de recusación planteado por Podemos y PSOE contra dos de los magistrados conservadores cuyo mandato está prorrogado desde el pasado mes de junio. El Ministerio Público registraba un escrito asumiendo las tesis de la izquierda política y reforzando los argumentos aportados para separar al actual presidente Pedro González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez, antes de la votación sobre el levantamiento de la parálisis de los textos recurridos, en el Senado.
Sin embargo, la mayoría de los miembros del Constitucional ha llegado a la conclusión de que el nivel de exigencia para silenciar a sus magistrados debe ser máximo, puesto que la regulación del propio Tribunal no prevé la opción de los suplentes. Además, el mero hecho de aceptar la recusación tanto de González-Trevijano como de Narváez –que defendía el fiscal Pedro Crespo– supondría alterar, de facto, la sensibilidad del órgano que, en la actualidad, pivota hacia la mayoría conservadora. Exactamente la misma maniobra que se ha tratado de evitar congelando la votación de las dos polémicas enmiendas del Gobierno para retocar las mayorías necesarias para renovar el TC.
Así las cosas y confirmadas las cautelarísimas, a partir de ahora, la propia Fiscalía y el resto de las partes personadas en el procedimiento podrán presentar sus respectivos argumentos, a favor y en contra, de mantener los efectos de la suspensión adoptada. Cuentan con 10 días a contabilizar desde el pasado lunes. Finalizado este plazo, si nada cambia, las dos modificaciones seguirían latentes en sede parlamentaria, a la espera de que se emita una resolución definitiva sobre el fondo de una cuestión que podría dilatarse en el tiempo hasta mediados del próximo año.
