Mañueco asegura que no cambiarán los protocolos sobre el aborto y que obligar a los médicos sería «coaccionar»

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido este lunes para asegurar que no se «obligará a los médicos ni a las mujeres a nada» en relación al anuncio que la pasada semana hizo su vicepresidente, Juan García-Gallardo, sobre la opción para que las mujeres que decidan abortar puedan escuchar el latido de sus hijos, ver una ecografía 4D y recibir atención psicológica.

Mañueco ha asegurado que «siempre se garantizará» los derechos de las mujeres y ha mostrado «estupefacción» ante el requerimiento del Gobierno de Pedro Sánchez «que no ha llegado a la Junta a esta hora». Según el presidente de la región, el Ejecutivo central solo pretende sacar «rédito político».

El líder del PP en Castilla y León ha asegurado que tiene «muy claro que alterar el orden puede derivar en coacciones a la mujer embarazada». En este sentido, se refería a la supuesta obligatoriedad hacia los médicos de ofrecer estas posibilidades a las mujeres que pretenden abordar. Según Mañueco, lo que sí se va a hacer es «mejorar las prestaciones a las embarazadas». «Tendrán mejor acceso a estas acciones», ha añadido.

«No se obligará a los médicos a nada ni a las mujeres a nada. Serán ellas las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición», ha afirmado Mañueco durante una comparecencia en la que no ha habido turno de preguntas de los periodistas.

Protocolo para embarazadas

La novedad para fomentar la maternidad es, según Mañueco, el aumento de servicios en la cartera de las mujeres embarazadas.

Es decir, las mujeres embarazadas de Castilla y León podrán tener acceso a una ecografía 4D si el médico así lo considera en caso de necesitar un diagnóstico por malformaciones y asistencia psicológica si así lo requiere la mujer. Este protocolo no se diferencia del de las mujeres que quieran abortar que también podrán disponer de ello. Eso sí, según ha asegurado el presidente regional no se obligará a los médicos a ofrecer este servicio a las mujeres que decidan poner fin a su embarazo.

Tal y como han aclarado a El Debate, se trata de medidas para fomentar la natalidad pero, en ningún caso, en contra del aborto.