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La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (i), la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno , Isabel Rodríguez (c), y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes en La Moncloa. EFE/Javier Lizón

Nadia Calviño, Isabel Rodríguez e Ione Belarra, tras la reunión del Consejo de Ministros este martesEFE

Moncloa da por acatado su requerimiento a Castilla y León, pero dice que actuará si se materializan las medidas provida

El Gobierno entiende que el escrito remitido ayer por la Junta castellano y leonesa supone una «rectificación oficial» de la intención de aplicar estas medidas

El Gobierno central ha emitido un comunicado en el que señala que da por acatado el requerimiento enviado a la Junta de Castilla y León tras recibir el escrito remitido este jueves por el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco en el que indicaba que «no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno» en relación a las medidas para el fomento de la natalidad anunciadas por el vicepresidente autonómico Juan García-Gallardo que, a juicio del Ejecutivo central, podían «vulnerar» la ley del aborto.

Así, Moncloa considera que «este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos» de incompetencia supone «una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el Gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado» el 12 de enero.

No obstante, señala también en el comunicado que el Gobierno «se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas», y que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, enviará una carta al Consejero de Presidencia del Gobierno autonómico para trasladarle que, según explica, estas medidas resultarían contrarias «a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias».

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, informaba ayer de que inadmitían el requerimiento del Ejecutivo «al no haberse producido ningún acuerdo que vulnere la legislación», al tiempo que exigía a Pedro Sánchez que «rectifique y abandone su política de acoso» a la región. Previamente, el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, reprochó en rueda de prensa que el Gobierno central tome medidas preventivas contra esta comunidad autónoma, que es «leal a la Constitución», y se ponga el foco en ella y no a otras que no muestran el mismo compromiso de lealtad.

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