Unanimidad en el Supremo: 15 de los 16 magistrados de lo penal ya han rebajado penas con el 'sí es sí'

El Supremo, como el resto de tribunales de nuestro país, ya ha revisado un total de 10 sentencias correspondientes a agresores sexuales condenados tras la polémica reforma del Gobierno con la ley del 'solo sí es sí'. Al hacerlo, además de ceñirse a la ley vigente, el Alto Tribunal ha contribuido una vez más, y casi sin querer, a desmontar el relato del Ministerio de Igualdad que insiste como un mantra en que el verdadero problema de su fatídica norma es que «una minoría de jueces conservadores» no la saben aplicar. En todos los casos recaídos en la Sala Segunda de lo Penal, todas las sentencias han sido aprobadas por unanimidad, sin discrepancias entre jueces por razón de su sensibilidad de izquierdas o conservadora: quince de los dieciséis magistrados que la integran ya se han pronunciado en el sentido de aplicar, retroactivamente, la ley más favorable al reo. Ni «machistas», ni «fascistas», el Supremo incide en la verdadera naturaleza de un problema de técnica jurídica y de enfoque transversal.

Por el momento, y a la espera de que Audiencia Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia reporten al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los datos actualizados de las condenas rebajadas a violadores y pederastas en España, como consecuencia del despropósito normativo, el Supremo ha deliberado sobre 16 casos con un saldo de nueve penas confirmadas, siete suavizadas y 10 reos beneficiados por el texto vigente.

Así las cosas, a día de hoy, como mínimo, un total de 507 condenados por atentar contra la libertad sexual han visto mejorado su horizonte carcelario gracias a los «errores indeseados» de una de las leyes estrella de Irene Montero en esta legislatura. De entre ellos, 42 ya están en libertad, excarcelados por la aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo de la que tantos informes y expertos advirtieron y a la que se hizo caso omiso desde el Gobierno de coalición.

La crisis que, por primera vez durante la legislatura, ha abierto una brecha real entre los socios de PSOE y Unidas Podemos, al hilo de un texto aprobado en tiempo récord, antes de finales de 2022 para encarar 2023 libres de cargas, en la práctica, está lastrando tanto la imagen como la intención de voto del electorado de izquierdas, a menos de 100 días de las elecciones autonómicas y municipales. En la Moncloa son conscientes de ello y han dado un paso al frente para retocar, en solitario, una ley que, hasta la fecha, ha beneficiado a un total de 214 presos condenados por delitos sexuales tan sólo en las comunidades autónomas gobernadas por socialistas e independentistas.

Ante tal dosis de realismo, frente al relato de Podemos, el ala socialista del Gobierno no ha tenido más remedio que asumir las dimensiones de un «problema» legislativo que ha desatado la «alarma social» y que nace de una regulación «imperfecta» de estos delitos. En el PSOE, que no en Podemos, ya han asumido que eliminar la proporcionalidad de las sanciones contempladas en el Código Penal anterior a la intervención de Igualdad –al fusionar, en un único tipo, las conductas antes separadas en función del uso de violencia o intimidación–, no ha dado los resultados deseados. Por ello, y aunque con diferentes nombres, se han propuesto recuperar la distinción.