Miles de policías y guardias civiles claman en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

Miles de policías y guardias civiles –30.000, según los convocantes y 4.000, según la delegación del Gobierno– se han manifestado este sábado en el centro de Madrid, arropados por representantes políticos de PP, Vox y Ciudadanos, para protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que consideran «una salvajada».

La asociación JUSAPOL, junto al sindicato de la Policía Nacional JUPOL y la Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL, ambos mayoritarios en los respectivos Consejos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han mostrado su satisfacción por la gran respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la convocatoria, en un comunicado.

«Pero sobre todo por el importantísimo apoyo que han mostrado los ciudadanos a la protesta. Un apoyo ciudadano que significa la repulsa general de la sociedad a la propuesta de reforma del Gobierno a la Ley de Seguridad Ciudadana», añaden en el escrito.

En un manifiesto conjunto, policías y guardias han advertido de que «legislar para los delincuentes, los violentos y los sediciosos es una irresponsabilidad con consecuencias fatales».

Acompañados de un estruendo de pitos y silbatos, han rechazado que se les pueda quitar el principio de autoridad, la presunción de veracidad y los medios necesarios para garantizar el orden público y que se les «fiscalice y se les condene» por hacer su trabajo, abriendo la puerta a que se les grabe y se cuelguen sus vídeos en las redes sociales.

Los agentes reclaman más medios humanos y materiales

Frente a la reforma han reclamado más medios humanos y materiales, que se mantenga la obligatoriedad de comunicar las manifestaciones, que se permitan los cacheos y que no se rebajan las sanciones económicas.

Tras una pancarta en la que podía leerse «Esta ley nos desprotege a todos. No a esta reforma», han partido de la plaza de Neptuno y frente al Congreso de los Diputados han soltado varias pelotas de ping pong para reivindicar que no se restrinja el material antidisturbios.

En declaraciones a los periodistas antes de comenzar la marcha, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha alertado de que la reforma desprotegerá a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los ciudadanos y a las instituciones públicas y ha acusado al Gobierno de «quitar todas las normas que les puedan dificultar que el clima callejero se enrarezca».

«La ley que prepara Podemos para ocupar la calle»

«Esta es la ley que prepara Podemos para ocupar la calle si el PP gana las elecciones y lo terrible es que el PSOE lo apoya en una acto de absoluta irresponsabilidad», ha insistido.

«Quieren que nuestra policía y nuestra guardia civil salgan a la calle amordazados y con las manos esposados en la espalda», ha denunciado por su parte el vicepresidente de Vox, Javier Ortega, quien ha acusado de al Gobierno de «traidor» y de «rendir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los intereses de los mayores enemigos de España»

En nombre de Ciudadanos, Edmundo Bal ha mostrado también su rechazo a una reforma que «criminaliza» a los policías y abre además «amplios márgenes de impunidad» a los violentos.

Aunque la reforma de la conocida como «ley Mordaza» sigue su tramitación parlamentaria, no hay fecha fijada por el momento para que la comisión de Interior debata el informe con los más de cuarenta cambios pactados por la mayoría parlamentaria a la actual norma, en vigor desde 2015.

Entre ellos los grupos no han logrado pactar ninguna modificación respecto a los cuatro artículos más polémicos –material antidisturbios, faltas de respeto a los agentes, desobediencia y devoluciones en caliente–, que condicionan el respaldo de ERC, Junts y EH Bildu, necesario para aprobar la reforma.

El presidente de JUSAPOL, Miguel Gómez, ha asegurado que se sienten «desamparados» y ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska que les defienda ante una reforma que es «es lesiva para los intereses, la vida profesional y la vida personal de los policías y para el día a día de todos los ciudadanos»

En nombre de CSIF, Javier Vilas ha reclamado también una ley nacional que homogeneice las condiciones laborales de los policías locales y que se reconozca como agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones.