Seis países persiguen al Gobierno para que pague los 2.000 millones de las primas de las renovables

Al cierre de 2021, España acumulaba deudas por incumplimiento de resoluciones arbitrales por valor de 700 millones de euros, del total de las más de 500 reclamaciones presentadas, a lo largo de todo el mundo por los inversores perjudicados por la eliminación retroactiva de la política energética iniciada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007. Las empresas y los fondos de inversión que apostaron entonces por nuestro país atraídas por las suculentas primas concedidas por el Ejecutivo socialista a las renovables reclaman, hoy por hoy, daños y perjuicios por valor de 8.000 millones de euros, de las cuales ya han sido reconocidos, o están próximos a serlo, un total de 2.000 millones.

Un total de seis países: Australia, EE.UU., Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Holanda 'persiguen' al Gobierno de Pedro Sánchez para que pague la suma mientras, por su parte, el Gobierno ya ha gastado más de 70 millones de euros en abogados, intereses legales y costas para tratar, sin éxito, de evitarlo. Hasta tal punto que, en las dos últimas semanas saltaban a la luz las decisiones de dos Cortes supremas, una británica y otra oceánica, de confiscar bienes públicos españoles para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que España que, por el momento, sólo ha pagado uno, en 2000, y tiene pendiente la liquidación inmediatamente exigible de otros ocho por valor de 700 millones de euros.

Así las cosas, gracias a una nefasta gestión política, España se ha convertido en el segundo país en el ranking de los más morosos en el incumplimiento de las sanciones que se le han impuesto en base al Derecho Internacional, como resultado de procedimientos seguidos en su contra, por decisiones que afectan en negativo a la seguridad jurídica y que ponen en riesgo la inversión en energías renovables de toda la Unión Europea.

En pleno anuncio de la retirada de nuestro país del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) con el que el Gobierno de Sánchez, con la ministra Teresa Ribera al frente de la operación, quiere librarse del pago de las indemnizaciones pendientes con la Corte de Arbitraje del Banco Mundial, ostentamos el cuestionable honor de ser el número dos de los Estados del mundo, tan sólo por detrás de Venezuela y por delante de Rusia, que se han negado en más ocasiones a atender las indemnizaciones económicas que pesan sobre ellos.

Según los resultados de la primera edición del Internacional Compliance Index –un informe independiente sobre el nivel de cumplimiento de los acuerdos de inversión comprometidos por nuestro país en el sector energético– España acumula multas por valor, como mínimo, de 712 millones de euros que ascenderán hasta los 2.000 en el corto plazo. Un escenario en el que, además, destaca el elevado número de Estados miembros de la Unión Europea que se han enfrentado a controversias sobre el TCE y que siempre han terminado en condena.

Tres procedimientos de embargo

A día de hoy, y como resultado de las órdenes de embargo dictadas por la Suprema Corte de Inglaterra y Gales, España ha visto cómo quedaban intervenidos: un total de 100 millones de euros –de los 1.000 que le corresponden en concepto de indemnización por el naufragio del Prestige, frente a la costa gallega–, la sede del Instituto Cervantes en Londres y una de sus cuentas bancarias del Santander; y, las oficinas del Diplocat destinadas por la Generalitat de Cataluña a la promoción del procés, en la capital del Reino Unido. Y ello, como resultado de las ejecuciones dictadas por la Justicia británica en dos laudos presentados que ascienden a 134 millones de euros ya concedidos a los fondos de inversión Infrarred y Antin Energía Termosolar.

En las próximas semanas se sumarán, además, unos 100 millones de euros más del tercer laudo convalidado en el Reino Unido y otros 101 millones adicionales, en Australia, tras el reconocimiento, en el país oceánico, de la deuda del Gobierno de España también a favor de Antin, perjudicada tras el cambio regulatorio en materia energética en nuestro país, al haber financiado con 139,5 millones de euros dos plantas solares, Andasol 1 y Andasol 2, en Granada.

Así las cosas, el fallo unánime de la Corte Suprema de Australia se traducirá, en la práctica, en el embargo de nuevos bienes del Estado español en el extranjero. Entre ellos, la sede del Instituto Cervantes en Sydney y varios activos titularidad de la empresa pública Navantia en dicho destino, si el Gobierno no hace nada por evitarlo.