El Constitucional se prepara para admitir los recursos de Chaves y Griñán por los ERE una semana antes del 28-M

El Tribunal Constitucional continúa en su línea de abordar algunas de las causas más políticas pendientes de resolución, en los Plenos previos a la campaña electoral del próximo 28-M, saltándose una norma no escrita por la que la Justicia trata de evitar pronunciarse en las materias más delicadas para los partidos y las formaciones que concurren a los comicios, en los días previos a los mismos. Así las cosas, como ya ocurrió con el aborto, hace unos días, la macrocausa de los ERE entrará en el TC el próximo día 22 de mayo para el trámite de admisión, pese a que los recursos planteados por tres de los condenados por el Supremo –los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la que fuera exministra de Fomento con Zapatero, Magdalena Álvarez– se registraron en el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido a finales del año pasado.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha «acelerado» por parte de la Presidencia, con el respaldo de algunos de los miembros del sector de la izquierda de la Corte la deliberación del asunto en lo que concierne al tridente socialista condenado por el Alto Tribunal, por los delitos de prevaricación y malversación. Según ha podido saber El Debate, las impugnaciones planteadas por las defensas de Chavez, Álvarez y Griñán han estado «paradas varios meses» pendientes de los informes preceptivos y ha sido ahora, a unas semanas de las elecciones municipales y autonómicas, cuando se han incorporado a la deliberación, para admisión, de la Sala Segunda.

Tal es así que, al constatarse las importantes discrepancias que existían en la Sección competente para tomar una decisión sobre las peticiones de amparo de los exlíderes del PSOE andaluz, Conde-Pumpido trató de incluir el caso, cuanto antes, en el orden del día de la Sala Penal, aún a sabiendas de que alguno de los magistrados que debían participar en el debate no habían tenido «tiempo suficiente para estudiárselo».

Y es que, como ya avanzó El Debate, uno de los principales condenados en la pieza principal de los ERE andaluces, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, asistía en libertad al primero de los primeros debates del Constitucional sobre los recursos «conexos» que, tanto él como varios de sus compañeros, presentaron contra la sentencia del Supremo que confirmó su culpabilidad y ratificó sus penas de prisión como autores de varios delitos de corrupción política.

Pese a haber sido condenado en firme por el Alto Tribunal a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, Griñán no ha llegado a ingresar en la cárcel apoyado en motivos médicos. Un diagnóstico de cáncer de próstata y el tratamiento necesario para atenderlo han sido, hasta el momento, las razones que la Audiencia Provincial de Sevilla, órgano judicial competente para la ejecución de las condenas, ha tenido en consideración.

Montalbán, la ponente, bajo la lupa

Además de todo lo anterior, se da la circunstancia de que la magistrada ponente del trámite –y las posteriores sentencias resultantes si, como todo apunta, los recursos resultan aceptados– es la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, quien fue premiada por el propio Griñán con la medalla de la Comunidad Autónoma andaluza, que él entonces presidía, en el año 2012. Una Administración que permitió el «fraude institucionalizado» por el que se desviaron más de 700 millones de euros de los parados andaluces. La cifra que escandaliza en sede doméstica, también lo hace fuera.

No en vano, la Comisión Europea anunciaba, esta misma semana, una propuesta legislativa orientada no sólo a armonizar los reproches penales a los delitos de corrupción para todos los Estados comunitarios sino, además, a que estos fuesen más duros de lo que lo son en la actualidad. El grupo parlamentario socialista en el Senado votaba en contra de dicha posibilidad para rechazar, junto con Bildu, Esquerra (ERC) y el PNV, la iniciativa por la que el PP instó una nueva reforma del Código Penal para recuperar las penas anteriores a la rebaja 'a la carta' exigida por los independentistas catalanes a cambio de apoyar los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno de Pedro Sánchez.