Igualdad cancela un estudio con «perspectiva de género interseccional» porque nadie quiere hacerlo

El Ministerio de Igualdad está encargando estudios tan variopintos y pidiendo tales requisitos que ha provocado una situación insólita: el último concurso que ha convocado ha quedado desierto, porque ninguna empresa se ha interesado en elaborar un estudio sobre «personas afrodescendientes en la Unión Europea: reconocimiento, justicia y desarrollo», que era así como se titulaba.

La Dirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial ha tenido que proceder a la declaración de desierto por «inexistencia de ofertas en el procedimiento de contratación», según el departamento que dirige Rita Gertrudis Bosaho, ella misma descendiente de africanos. Ofrecía 168.190 euros, IVA incluido, y ni por ésas. Éste es el documento oficial que certifica el pinchazo:

El Ministerio de Irene Montero quería presentar el trabajo durante unas jornadas que organizará los días 2 y 3 de noviembre en Barcelona, con el mismo título, Personas afrodescendientes en la Unión Europea: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Y dentro de los actos con motivo de la Presidencia española de la UE, que empieza el 1 de julio.

Los pliegos

Sin embargo, publicó unos pliegos tan enrevesados que ha acabado por ahuyentar a los posibles interesados. Para empezar, Igualdad exigía que el estudio tuviera una «perspectiva de género interseccional». Y, por si no quedaba claro, explicaba el concepto a renglón seguido: «Entendiendo la insterseccionalidad como una ‘herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el sexo y el género se cruzan con otras características/identidades y cómo estas intersecciones contribuyen a experiencias complejas y únicas de discriminación’, según la definición que facilita el Instituto Europeo de la Igualdad de Género».

Además, ponía como condición sine qua non que participaran o colaboraran en la investigación «la sociedad civil africana y afrodescendiente, organizada y no organizada, en el ámbito concreto de los Estados Miembros de la UE». Mediante la creación de un grupo de expertos formado por «personas de la sociedad civil afro, africana y afrodescendiente; personas africanas y afrodescendientes que trabajen o hayan trabajado en el ámbito educativo, sanitario, y del ámbito cultural; representantes afro electos que ejerzan su cargo actualmente o lo hayan ejercido en el pasado; personas africanas y afrodescendientes que trabajen o hayan trabajado en los medios de comunicación de, al menos, cinco Estados Miembros de la UE».

Solicitaba más el departamento de Montero. Solicitaba a la empresa adjudicataria que realizara al menos 250 entrevistas en profundidad a «personas africanas y afrodescendientes, con perfiles variados, en el ámbito político, educativo, sanitario, de los medios de comunicación, ámbito cultural, ámbito policial, etc» y celebrara al menos cuatro grupos de discusión.

Todo ello, con cuatro bloques de estudio: El primero, El Decenio Internacional de los Afrodescendientes: Explicación y avances en las Instituciones de la UE y en los Estados miembros. El segundo, Racismo estructural. El tercero, Representación de las personas africanas y afrodescendientes. Y el cuarto, Ámbito educativo (educación formal y no formal).

Se trata, además, del segundo estudio sobre la materia que quería encargar Igualdad, puesto que ya en 2021 la Dirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial promovió y financió uno titulado Aproximación a la población africana y afrodescendiente en España. Identidad y acceso a derechos.

A lo largo de la legislatura, el Ministerio de Igualdad ha publicado estudios sobre «las necesidades y demandas de las personas no binarias en España»; sobre «estereotipos, roles y relaciones de género en series de televisión de producción nacional; y sobre «educación y salud menstrual de las mujeres jóvenes en España», entre otros.

Por este tipo de trabajos y otras polémicas, el presupuesto del departamento de Montero lleva toda la legislatura en el ojo del huracán. En este 2023 ha alcanzado la cifra récord de 573 millones de euros, un 9 % más que el año anterior. Su cierre es una petición constante por parte de Vox, que en ocasiones ha contado con el respaldo del PP.