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La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una sesión de control al Gobierno

La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una sesión de control al GobiernoEFE

Tribunales

El CGPJ congela las cifras de beneficiados por el 'solo sí es sí' a la espera de la decisión del Supremo

El Alto Tribunal concluyó sin acuerdo, este martes, el debate sobre los criterios generales de aplicación de la polémica norma en la revisión de condenas a los delincuentes sexuales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no dispone, desde la última actualización, de nuevas cifras relativas al número de delincuentes beneficiados por la denominada ley del 'sólo sí es sí' impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y ya reformada para evitar la sangría de rebajas de condena que provocó el polémico texto durante los más de seis meses en los que estuvo vigente. Según han confirmado fuentes de toda solvencia a El Debate se ha detectado «un parón» en las resoluciones de los tribunales competentes para ajustar las penas –Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia– «posiblemente porque prefieran esperar al resultado del Pleno de la Sala Segunda» del Supremo que, desde este martes, delibera sobre los términos unificados de aplicación de la norma en este tipo de casos.

El Alto Tribunal se reunirá de nuevo hoy, en una segunda sesión del Pleno monográfico convocado para fijar un criterio jurisprudencial sobre cómo aplicar la ley del 'solo sí es sí' a las condenas firmes a los delincuentes de índole sexual, violadores y pederastas. No en vano, el intenso debate vivido en la jornada anterior finalizó sin consenso y dejando un escenario «abierto» en el que los quince magistrados que componen el cónclave, presidido por el juez Manuel Marchena, defendieron su visión del tema pero divididos de tal manera que no fue posible llegar a acuerdos sobre ninguna cuestión.

Tal y como adelantó El Debate, la esencia de la discusión se centra sobre si es correcta o no la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª del Código Penal, que entiende «que en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable» el mismo «cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código».

Una disyuntiva en la que se partía de un quorum no unánime en el que, si bien la mayoría de los magistrados apuntan a que la aplicación de dicha previsión supondría un perjuicio para el reo, incompatible con el principio básico de aplicación de la ley penal más ventajosa, otro amplio grupo de jueces considera que, en línea con la Circular de la Fiscalía General del Estado sobre la materia, en aquellos supuestos en los que una pena impuesta en base al catálogo de sanciones del Código Penal «también fuera imponible con arreglo a la regulación resultante de una reforma posterior» del mismo, no procederá la revisión de la condena.

Así las cosas, el Supremo también tendrá que resolver si la fijación de las nuevas penas previstas en la conocida como ley del 'sí es sí' tiene que hacerse conforme a un criterio «puramente aritmético» que reemplace, de forma automática, la pena mínima inicial por la pena mínima posterior, para delitos idénticos, que en algunos casos implica una diferencia de hasta 5 años de «favorabilidad». O si, por el contrario, el criterio ha de basarse, en todo caso, en la «proporcionalidad».

Más de 1000 violadores beneficiados

De acuerdo con el último reporte oficial sobre el tema, un total de 978 violadores habían visto rebajadas sus condenas por la aplicación de la polémica ley del 'solo sí es sí' desde que la norma entrase en vigor, el pasado 7 de octubre de 2022. En los seis primeros meses de aplicación del texto, además, han sido 104 los agresores sexuales excarcelados, en base al principio de aplicación de la ley más favorable al reo.

Las cifras actualizadas de los delincuentes que ya se han beneficiado por los «efectos indeseados», pero advertidos por anticipado al Gobierno desde distintos sectores, y que este miércoles ha notificado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras cinco semanas sin datos oficiales, escandalizaron a una opinión pública que ha visto cómo más de 1000 violadores se han visto beneficiados por los graves errores de técnica legislativa de un texto que seguirá desplegando consecuencias durante un tiempo.

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