Llarena emite una orden de detención nacional directa contra la independentista Clara Ponsatí

El juez Pablo Llarena ha dictado una orden nacional de detención directacontra la independentista Clara Ponsatí por no justificar su incomparecencia ante el Supremo el pasado día 24 de abril. El magistrado instructor del juicio del 'procés' ha tomado la decisión con el objetivo de asegurar que se ofrece a la política catalana el trámite de «declaración» tal y como está previsto en nuestro ordenamiento, «incluso aún cuando no quiera hacer uso del mismo», han apuntado a El Debate fuentes próximas al Alto Tribunal.

Ponsatí estaba citada en el juzgado para ser informada de su procesamiento por un delito de desobediencia tras su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La exconsellera catalana y eurodiputada de JxCat fue una de las cabecillas del proceso de consulta separatista declarado inconstitucional por el TC, huyó de España rumbo a Escocia cuando supo que, en 2018, iba a ser acusada por un delito de sedición.

Si embargo, tras la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que eliminó el ilícito y rebajó la malversación, para beneficiar a los politicos catalanes implicados en el 'procés', Ponsatí, que actualmente es eurodiputada, regresó a nuestro país, fecha en la que ya fue detenida durante unas horas para asegurar su identificación y la notificación de la citación vigente para ella ante el Supremo.

Así las cosas, y dado que su procesamiento, sin embargo, no acarrea penas de prisión, Ponsatí quedó en libertad, pero nunca llegó a presentarse, voluntariamente, ante el juez Llarena en la fecha y hora fijadas para ello. Su defensa alegó en un escrito presentado ese mismo día que tenía dos compromisos en Bruselas que resultaban «incompatibles» con su presencia en Madrid y, desde entonces, no ha vuelto a colaborar en el avance de su situación procesal.

Éste fue el principal motivo por el que la Fiscalía encargada solicitó, mediante un escrito consignado por Javier Zaragoza y Fidel Cadena, que se reiterase la citación para declarar, habiendo recavado previamente de la defensa de Ponsatí su calendario de compromisos con la Eurocámara a fin de que su actividad parlamentaria no se viese interferida por sus compromisos judiciales. Un escenario que, finalmente, ha tenido que ser resuelto con esta «detención instrumental» que asegure su presencia para declarar ante una autoridad judicial.

Llarena ha considerado que los compromisos políticos de Ponsatí en Bruselas «no son sino la excusa frente a una nueva desatención de sus obligaciones procesales». Según ha podido saber El Debate, Clara Ponsatí será custodiada por agentes policiales ante un juez de guardia sin que sea necesario su traslado a Madrid para cumplir con el trámite si vuelve a pisar suelo español y seguir avanzando en el procedimiento de la causa.

El magistrado del TS apunta, no obstante, a la posibilidad de dejar sin efecto la orden de detención si Ponsatí comparece voluntaria y personalmente, como ocurrió con otras dos de las procesadas en esta causa, Meritxell Serret y Anna Gabriel.

Deberes «razonablemente» compatibles

El instructor del 'procés' entiende que, aunque la política separatista tenía el pasado 24 de abril trabajo en la Eurocámara, la cita en el Supremo era a las 11.00 y dichas comisiones estaban previstas en horas de la tarde, «sin que se haya justificado la imposibilidad temporal de atender ambos deberes, razonablemente compatibles mediante la petición de videoconferencia o incluso sirviéndose de los rápidos medios de transporte que unen ambas capitales».

Llarena, además, ha señalado que teniendo en cuenta la programación anticipada de su actividad parlamentaria y de la citación judicial, «la defensa tuvo un amplio margen para advertir a este instructor de las dificultades de la investigada para atender sus responsabilidades políticas y solicitar el reajuste en la citación que considerara preciso».

«Se eludió esta previsión y se optó por presentar un escrito exculpatorio que tampoco ha estado seguido de ninguna propuesta de atender el llamamiento judicial con posterioridad al 24 de abril», indica.

Con todo, Llarena cree, «a la vista de la rebeldía que ha mantenido la investigada durante cinco años de instrucción, que las funciones parlamentarias no son sino la excusa frente a una nueva desatención de sus obligaciones procesales». En este sentido, el magistrado del Alto Tribunal ha recordado en su resolución cómo la propia eurodiputada catalana, en declaraciones a la prensa, la que «se jactó de no tener ninguna intención de atender la citación judicial».

Sobre la inmunidad parlamentaria

El juez Llarena ha dado, también, respuesta al segundo motivo esgrimido por Ponsatí para no acudir al Supremo en la primera fecha, oficialmente establecida. La exconsejera pidió paralizar el procedimiento judicial por tener presentada una demanda de amparo de las inmunidades parlamentarias ante el Pleno del Parlamento Europeo.

El juez recuerda que la Eurocámara acordó el pasado 9 de marzo de 2021 «dejar sin efecto su inmunidad parlamentaria, sin que conste que se haya adoptado por el Parlamento (Europeo) ninguna decisión de reexamen».

Asimismo, el magistrado subraya que Ponsatí no tiene una «inmunidad absoluta», sino que «la inmunidad que pueden disfrutar los miembros del Parlamento Europeo por cualquier delito ajeno a su función y en el territorio del Estado por el que fueron designados (...) tiene el mismo alcance que la inmunidad de la que disfrutarían los miembros de su parlamento nacional».