La Fiscalía del Supremo pide al juez Llarena que reactive la euroorden sobre el exconsejero Lluis Puig

La Fiscalía del Supremo ha decidido estrechar el cerco sobre los políticos catalanes al frente del procés y fugados de la Justicia española. El Ministerio Público del Alto Tribunal ha solicitado al instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena, que reactive la euroorden contra el ex consejero Lluís Puig, procesado por sendos delitos de desobediencia y malversación, como uno de los cabecillas del referéndum ilegal del 1-O, que a diferencia de sus compañeros Carles Puigdemont y Toni Comín, no adquirió la condición posterior de eurodiputado.

En un escrito de este mismo martes, que ha podido consultar El Debate, los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, al frente del Ministerio Público en la causa del 'procés', han solicitado al instructor que reactive la orden de busca y captura internacional contra el tercero de los prófugos, como ya hiciera en el caso de Puigdemont, Comín y Ponsatí, «por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición».

El propio magistrado Llarena dejó sin efecto estas órdenes de detención al revisar el procesamiento de los prófugos del 1-O, tras la reforma del Gobierno que eliminó la sedición del Código Penal y rebajó la malversación. Y lo hizo, como avanzó El Debate, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva el último recurso posible para los reclamados y hasta estar seguro de que su requerimiento de extradición sobre ellos no recibirá ningún revés adicional.

Llarena ya recibió un primer espaldarazo en su cruzada contra los responsables del procés que, hasta la fecha, no han respondido por sus presuntas responsabilidades penales tras la celebración de una consulta previamente prohibida por el Constitucional, cuando el propio TJUE resolvió, a su favor, la cuestión prejudicial planteada para determinar el alcance de las euroórdenes, después de que los jueces belgas se negaran a entregar al ex consejero.

El TJUE fue tajante en este punto y en su pronunciamiento del pasado 31 de enero, cuando el TJUE aseguró que las autoridades judiciales que reciban las OEDE, un mecanismo de cooperación automática entre los estados europeos miembros de la Unión, no pueden negarse a ejecutarlas en base a presuntas violaciones de derechos fundamentales si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en España. Y, en el caso de nuestro país, como miembro pleno no cabe discusión.

Sin embargo, el juez Llarena estaba a la espera de que sus nuevos autos de procesamiento, que en el caso de Puig supusieron cambiar la sedición por desobediencia, fueran firmes. Y, aunque, el la Sala Segunda del Supremo avaló su criterio el pasado mes de junio, la Fiscalía tenía dudas sobre el alcance de la pérdida de la inmunidad parlamentaria que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) retiró a Puigdemont, Comín y Ponsatí. La certeza sobre Puig se despejó, también entonces, cuando la Justicia europea retiró a los miembros de la Eurocámara una protección de la que carecía Puig, por no ser miembro electo de la misma.