El Supremo deja al borde del banquillo a Ponsatí en plena negociación de Sánchez con Puigdemont por la amnistía

Los tiempos de la Justicia nada tienen que ver con los de la política. El Supremo decidirá en los próximos meses, cruciales para el éxito de una futura y eventual investidura de Pedro Sánchez, sobre la apertura de juicio oral a Clara Ponsatí, la ex cabecilla del procés y ex consejera de la Generalitat de Carles Puigdemont, procesada por el instructor de la causa judicial ante el Alto Tribunal, el magistrado Pablo Llarena, por un presunto delito de desobediencia.

Una vez recibido esta mañana en el Alto Tribunal el aval de la Fiscalía al enjuiciamiento de Ponsatí, tan solo restan los de la Abogacía del Estado, y el de la acusación particular que ejerce Vox en la causa del procés, para que la maquinaria se ponga en marcha en el Pleno de la Sala Segunda de lo Penal. Si bien es cierto que tanto los letrados públicos como los abogados de la formación de Santiago Abascal «disponen todavía de unos días para registrar» sus escritos, según ha podido saber El Debate.

En plena negociación política de Pedro Sánchez para obtener el imprescindible 'sí' de Junts ante su futura y eventual investidura, a cambio de la amnistía, el Supremo –ajeno a las maniobras partidistas y siguiendo sus propios cauces– tendrá que pronunciarse sobre la situación procesal de una de las políticas separatistas más próximas a Puigdemont y quien podría verse, además, beneficiada gracias a la misma. Su posible impunidad, por lo tanto, no será ni tan fácil, ni tan inmediata.

Y es que, desde que el juez Llarena emitiese, el pasado mes de julio, el auto de conclusión del sumario respecto de la hoy eurodiputada Ponsatí y elevase el mismo a la Sala competente para enjuiciarlo, a las partes se les pidió que se posicionasen sobre esta circunstancia. Un plazo que, según ha podido saber El Debate, concluye en unos días aunque ya haya sido cumplido por el Ministerio Fiscal para dar un impulso importante a la causa que se dirige contra ella por desobediencia.

Será a partir de entonces cuando, en una nueva fase intermedia del procedimiento sumario ordinario que se sigue contra la ex consejera de Junts, el Supremo decida, en primer lugar, sobre la apertura del juicio oral que esta misma mañana se ha conocido que cuenta con el respaldo de la Fiscalía. Pero, también, se dará nuevo trámite a las partes para que emitan sus escritos de acusación definitivos y a continuación señalar la fecha exacta en la que Ponsatí tendrá que sentarse, finalmente, en el banquillo. Una imagen que, sin embargo, será difícil que se produzca antes de final de año.

Tres meses, todavía, por delante

Y es que, la seguridad jurídica, las garantías penales en nuestro país y la envergadura de las consecuencias que tienen pendientes en base al procés los todavía fugados de la Justicia española –pese a los «alivios» legales del Gobierno socialista en la pasada legislatura, eliminando la sedición y rebajando la malversación– hacen necesario una serie de pasos intermedios que, en líneas generales, no estarían finiquitados en menos de tres meses.

No en vano, tras el auto de confirmación de la conclusión del sumario por parte de la Sala, instado por el magistrado instructor y respaldado por la Fiscalía, tendrá que trasladarse la decisión a las partes y que éstas formulen escrito de conclusiones. Unos escritos en los que cabe que los implicados pidan la práctica de algunas pruebas y que, por lo tanto, tendrán que ser minuciosamente analizados por el Tribunal.

Cabe recordar, además, que si durante estos trámites procesales se disolviese el Parlamento europeo, sin que todavía se haya abierto el juicio oral contra la hoy eurodiputada, esto tendría consecuencias directas sobre la causa ya que Ponsatí perdería su condición de aforada. Sea como sea, lo cierto es que en el Supremo, y tras la conformidad de la Fiscalía, todo avanza para que la política de Junts responda por su participación en el procés pese a las prohibiciones expresas del Tribunal Constitucional que pesaban sobre el mismo.