El PSOE renuncia a defender la amnistía en el Senado y queda acorralado entre el PP y Aragonés

Tan pocas ganas tenía el PSOE de celebrar la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado que el único socialista que intervino en todo el día, el andaluz Juan Espadas, dedicó parte de sus 14 minutos a hacer oposición al Gobierno de Juanma Moreno. Aprovechando que el presidente de la Junta de Andalucía se quedó a escuchar al también líder del PSOE-A.

«Cuando gobierna el PP en España a Andalucía le va mal», afirmó Espadas para su parroquia. Todo con tal de no mencionar la palabra prohibida, la amnistía, a la que el portavoz socialista no hizo una sola mención. Tampoco habría podido hacerla con conocimiento de causa, porque la realidad del PSOE es que la inmensa mayoría de sus dirigentes no conocen lo que está negociando Pedro Sánchez con los independentistas.

Aunque alguna pista dio el presidente de la Generalitat, que acudió al Senado únicamente para defender la amnistía como el «punto de partida» hacia un referéndum acordado con el Gobierno central y reconocido. Aparentemente, Pere Aragonès habló para Sánchez. Pero, según el PP, habló por Sánchez, como «portavoz del Gobierno de coalición y de los planteamientos que marcan la negociación de la investidura».

Sea como fuere, los silencios y las ausencias del PSOE durante las seis primeras horas de debate, y hasta la intervención de Espadas, fueron atronadores. La proporción fue descomunal, porque así lo quisieron los socialistas. Por parte del PP intervinieron sus once presidentes autonómicos, los dos de las ciudades autónomas, el vicepresidente de Canarias, siete senadores autonómicos y el portavoz del partido en la comisión, Antonio Silván. En total, 22. Por parte del PSOE solo Espadas.

Hubo 22 intervenciones del PP por una sola del PSOE, porque así lo quisieron los socialistas

Así lo ordenó la dirección del partido, pese al amargo trago para algunos de sus senadores. El líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, no pudo dar la réplica a Isabel Díaz Ayuso. Ni Guillermo Fernández Vara a su sucesora en la Junta de Extremadura, María Guardiola. Como tampoco Ximo Puig al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, a pesar de que éste definió a Puig como el primero de los «delegados valencianos del procés». Eso sí, después Puig contestó a Mazón en los pasillos y ante las cámaras y micrófonos. Dentro calló. O mejor dicho: su partido le invitó a callar, puesto que días atrás había manifestado de manera informal su voluntad de intervenir en la comisión.

El propio Espadas, Lobato, Puig, Fernández Vara y algún senador del PSOE más ocuparon la bancada azul reservada para el Gobierno, para ver si así se notaba menos el plantón del Ejecutivo al completo. Por no enviar, Pedro Sánchez no envió a la Cámara Alta ni a un cargo de segunda fila, como podría haber sido el secretario de Estado de Política Territorial. Ya no digamos a la ministra del ramo. O a la de Hacienda, puesto que durante la sesión parlamentaria se habló mucho de financiación autonómica y de privilegios fiscales.

Este último es un asunto en el que incidieron todos los presidentes regionales del PP, preocupados por la posible condenación de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (el FLA), y que asciende a la cifra de récord de 71.852 millones de euros. Ésa es, de hecho, una de las condiciones que Junts y ERC han puesto al candidato a la investidura. «La deuda no desaparece, sino que se mete en la mochila de todos», recordó la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Cinco presidentes, los de Andalucía, Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana y Murcia, adelantaron que se defenderán de los agravios en el Tribunal Constitucional. Que se «rebelarán», fue el verbo que más emplearon. «Seré un presidente rebelde frente a cualquier intento de quebrar la unidad de España», anunció el de Aragón, Jorge Azcón. «No sabemos qué gobierno tendrá España ni qué España tendrá este Gobierno. A estas alturas está claro quién va a pagar la factura y quién se la cobra, pero no lo que nos va a costar», señaló Mazón.

La injusticia de la amnistía fue el hilo con el que, uno tras otro, todos los presidentes regionales del PP hilvanaron sus discursos, en los que hablaron de la igualdad de todos los españoles en derechos y deberes, de la Constitución, del Estado de Derecho y de la indisoluble unidad de la nación española (artículo 2 de la Carta Magna).

Enfrente no había nadie con mando en plaza en la negociación entre Sánchez y los independentistas. Ni siquiera Aragonès, que se fue sin escuchar lo que no quería escuchar. «Decía esta mañana Aragonès que el problema es que nadie escucha a Cataluña. Creo que hoy ha quedado claro que, realmente, el problema es que los que se creen los dueños de Cataluña no escuchan a nadie», resumió el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

Al término de la sesión, los socialistas siguieron haciendo lo que hicieron toda la jornada, como también los días previos: acusar al PP de instrumentalizar el Senado y menospreciar el posible impacto de lo que allí se había dicho en la opinión pública. «Hemos dado la cara», afirmó Espadas a la salida de la sesión, una vez que se había quitado el peso de encima. Aunque habría sido más correcto que hubiera usado la primera persona del singular.