Ruido de togas contra la amnistía de Sánchez: los jueces se preparan

Solo alguien llamado Pedro Sánchez Pérez-Castejón puede enviar al secretario de Organización de su partido a hacerse una foto con el mayor enemigo declarado de la Corona, a la mañana siguiente proclamar «la lealtad, el respeto y el afecto» de su Gobierno a la heredera de esa Corona y por la tarde pactar con ERC la inclusión de Tsunami Democràtic y de los CDR en la ley de amnistía. Está visto que 24 horas dan para mucho en la vida del presidente en funciones.

Son precisamente los últimos flecos de esa proposición de ley mancomunada los que están dilatando el acuerdo con Junts. Pero los socialistas están convencidos de que llegará en cualquier momento. Si no, la escena del sofá que protagonizaron el pasado lunes Santos Cerdán y Carles Puigdemont sería letal para ambas formaciones en una hipotética repetición electoral, no solo para el PSOE.

A falta de conocer la letra pequeña y la letra grande de la ley de amnistía, todo hace indicar que su tramitación parlamentaria y posterior entrada en vigor abocará al país a un choque institucional sin paragón. De ello da pistas el movimiento que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional efectuó el viernes, en medio del ruido ensordecedor de las negociaciones entre socialistas y Junts: el poder judicial no se dejará doblegar fácilmente.

Se avecina un choque institucional sin parangón a cuenta de la ley de amnistía

La Sección Tercera acordó la apertura de juicio oral contra 12 miembros de los CDR procesados por delitos de pertenencia a organización terrorista. Además de tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas. El informe de la Guardia Civil sitúa a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como una de las cabecillas de Tsunami Democràtic. Rovira, huida en Suiza, es una de las que está esperando a la aprobación de la amnistía para volver.

Como en la película No mires arriba, la oposición lleva meses desgañitándose sobre lo que se le viene a España encima, mientras el PSOE y sus socios se burlan de su melodramatismo. Pero no hay que ser adivino. Simplemente, porque hace poco más de diez meses el país ya vivió un aperitivo. Solo que entonces era el Tribunal Constitucional a. C.: antes de Cándido (Conde-Pumpido).

Aquel 20 de diciembre

Fue el 20 de diciembre pasado. Por primera vez en democracia, el máximo tribunal de garantías suspendió una votación en el Senado: la de la proposición de ley de la sedición y la malversación, que debía producirse dos días después. El PSOE metió a machamartillo en aquella iniciativa parlamentaria, sin tener nada que ver, la reforma de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio TC para forzar su renovación. El PP recurrió al Constitucional y solicitó como medida cautelarísima la suspensión de la votación. Los de Sánchez pensaron que el máximo intérprete de la Carta Magna no iba a interponerse en su camino. Se equivocaron.

Había que escuchar a los socialistas aquella noche y la mañana siguiente. El presidente del Senado, Ander Gil, lo calificó como «un paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático». El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, compareció a medianoche, escandalizado: «Lo ocurrido es de una gravedad máxima (...). El Tribunal Constitucional ha detenido la acción legislativa, no ha sucedido nunca en 44 años ni en ningún país de nuestro entorno». Horas después, Sánchez llamó a la calma a los demócratas ante «un choque institucional tan grave e inédito». «El Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada libremente en las urnas», prometió.

Choque que él mismo provocó tensando las costuras del Estado. Que es exactamente lo que está haciendo ahora. Pero a mayor escala. Una vez que las Cortes aprueben la ley de amnistía (el Senado puede retrasar el momento, pero no impedirlo), los tribunales que tienen que aplicarla tendrán la palabra. Y todo apunta a que el Tribunal Supremo -al menos, pero seguramente no solo- elevará una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, lo que provocará la suspensión provisional del procedimiento de archivo de la causa.

Los socialistas dan por descontado ese movimiento del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, y les preocupa. En mayo de 2021, el tribunal sentenciador ya se opuso a los indultos a los nueve cabecillas del procés que estaban encarcelados porque no apreció las «razones de justicia, equidad y utilidad pública». También la Fiscalía del Supremo, aunque el Gobierno hizo oídos sordos a unos y a otros y siguió adelante.

Otra vez los jueces osando entrometerse en la hoja de ruta de Sánchez, como hizo Pablo Llarena después de que entrara en vigor la reforma del Código Penal que derogó el delito de sedición y abarató el de malversación. Entonces, el instructor del procés no tuvo más remedio que retirar a Puigdemont la acusación de sedición, pero mantuvo su procesamiento por malversación agravada y desobediencia. En otras palabras: Llarena hizo que a los socialistas les saliera el tiro de esa reforma por la culata.

Acción, reacción

Ahora, la previsible cuestión de inconstitucionalidad del Supremo obligará al TC de Cándido Conde-Pumpido a pronunciarse sobre la ley de amnistía con celeridad. No podrá meterla en un cajón y esperar a que escampe. Porque la suspensión provisional de las actuaciones se mantendrá hasta que el Constitucional se pronuncie sobre la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad y, de ser admitida, hasta que resuelva definitivamente.

La mayoría de izquierdas del TC va preparando el terreno. El miércoles 1 de noviembre, festivo en toda España, la magistrada María Luisa Balaguer acudió a una entrevista en la radio pública. Y allí afirmó que no se puede prejuzgar inconstitucional la amnistía solo porque no figure en el articulado de la Constitución. «Puede tener encaje o no» dependiendo de su contenido, según Balaguer.

Entretanto, este lunes el pleno del Consejo General del Poder Judicial se reunirá de forma extraordinaria para valorar la ley de amnistía en ciernes, después de la solicitud promovida por el bloque conservador. De perdidos, al río: estos saben que en cuanto haya Gobierno Sánchez irá a por ellos, modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial, como ya intentó la legislatura pasada (hasta que la Comisión Europea le llamó a capítulo). Y aún humea el comunicado emitido el jueves por asociación principal de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, alertando de que esta ley de amnistía sitúa a España «en el principio del fin de nuestra democracia».

En No mires arriba, el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio termina con una frase melancólica, mientras espera la colisión del cometa contra la Tierra: «En realidad lo teníamos todo, ¿no?».