Bruselas podría congelar los fondos europeos a España si interviene por la amnistía a los golpistas

El camino tomado por Pedro Sánchez y sus posibles socios de gobierno al pactar la amnistía podría suponer un duro castigo por parte de la Comisión Europea: la cancelación de los fondos europeos por la violación del Estado de Derecho.

El toma y daca entre el presidente Sánchez y Carles Puigdemont durante semanas ha servido para caldear el ambiente no solo en España, sino también en el corazón de la Unión Europea: Bruselas.

Justo cuando las delegaciones socialista y separatista de Junts per Catalunya parecían haber llegado un acuerdo, llegó la bomba por parte de la Comisión Europea. El comisario de Justicia Didier Reynders reclamaba al ministro de la Presidencia Félix Bolaños y a la ministra de Justicia Pilar Llop más información sobre el posible alcance de lo que se conoce como «el perímetro de la amnistía».

El comisario solicita más detalles «en cuanto al alcance personal, material y temporal de esta ley prevista».

Fuentes de la Comisión reconocen a El Debate que la presión realizada por la ciudadanía, así como las preguntas de la prensa a diario, han servido de catalizador para que Reynders diera este primer paso.

El hecho en sí es insólito por varias razones. La primera, es la primera vez que el organismo europeo mueve ficha antes de que exista un documento legal a consultar. La segunda, que esto ocurra y afecte a un país que sostiene la presidencia de turno del Consejo Europeo.

Esta carta no se habría escrito sin el beneplácito de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien parece querer alejarse de Pedro Sánchez a pesar de la buena sintonía mostrada en los últimos años. ¿La razón? Elecciones en junio de 2024 y las encuestas no la dejan en buen lugar.

El Partido Popular Europeo, al que pertenece la exministra de Defensa alemana, no está contento con la actitud y el hacer de la presidenta de la Comisión, quien parece que busca más el apoyo y el halago de los socialdemócratas que de los de su propio partido y de otros más a la derecha en el espectro ideológico.

El Estado de derecho lo es todo

Este el punto que más importa en este momento. Desde hace dos años, todos los países que forman parte de la Unión Europea están regidos bajo el Estado de derecho de Bruselas (lo que se conoce como «rule of law»). La ley europea prevalece sobre las leyes nacionales, de hecho las constituciones de cada país se modificaron en el momento de la adhesión para permitirlo.

Por lo tanto, cualquier afrenta al funcionamiento normal de los Estados miembros se entiende como un ataque al bloque comunitario. Esto es, en principio, lo que se dio a entender cuando la Comisión actuó de oficio contra Rumanía, Polonia y Hungría.

El hecho de que se pueda amnistiar a una serie de políticos por haber subvertido el Estado de derecho español desde 2012 –incluyendo las condenas a Artur Mas y su entorno–, es lo que habría hecho soltar las alarmas dentro de la Comisión.

Por otro lado, el comunicado del Consejo General del Poder Judicial del pasado lunes sirvió también de impulso al entender que, si los mismos jueces han advertido del riesgo, es que el problema sería mayor del previsto.

Según ha conocido este medio, la respuesta de Bolaños se ha entendido como un desprecio al asegurar que si bien «es cierto que hay una negociación entre partidos, la ley ni siquiera ha llegado aún al Congreso de los Diputados». El PSOE se escuda en que no es un decreto al estar el Ejecutivo en funciones, sino que se trata de un acuerdo entre partidos.

Los fondos dependen de seguir adelante

La Comisión Europea nunca va a decir si le parece bien que se amnistía a una persona en particular –eso lo consideran de ámbito nacional y lo han repetido en varias ocasiones en rueda de prensa– pero, si entienden que no se respeta el Estado de derecho, estaríamos a las puertas de una paralización de fondos europeos para España.

Es decir, que los fondos con los que cuenta el PSOE para financiar todo lo prometido en las negociaciones de investidura no llegaría y Pedro Sánchez se vería frente a unos acuerdos imposibles de cumplir. Se encontraría entre la espada y la pared. Quién sabe si eso daría paso a la caída del Gobierno y a una posible repetición electoral.

El hecho es que el proceso se ha iniciado con la consulta por escrito de este miércoles. Y la respuesta por parte del Gobierno no habría más que molestado al comisario Reynders.

Si desde los equipos negociadores no hubieran dicho que el acuerdo político está sujeto a perdonar una serie de delitos, la Comisión no hubiera podido responder de ninguna manera. Para ser más claros: si estas conversaciones hubieran sido en secreto, no se podría haber hecho nada.

Desde la Comisión entienden que, tras el primer toque de atención el PSOE, se pensará dos veces la forma en que comunican a partir de ahora. La forma de comportarse de los socialistas tampoco deja en buen lugar al Consejo.

Dado que el proceso sancionador es propuesto por la Comisión pero debe ser aprobado por el Parlamento y el Consejo, podríamos estar ante el principio de una respuesta implacable contra la amnistía con consecuencias negativas para el conjunto de la Nación española.

Aviso a Sánchez

Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez mantienen una buena relación política en la Unión Europea. El líder socialista es uno de los más europeistas y se ha mostrado siempre partidario de todas las medidas apoyadas por la Comisión.

Aunque socialistas y populares suelen tener posiciones comunes a nivel europeo –se calcula que votan lo mismo el 80 % de las ocasiones–, una relación tan cordial no es común, al menos de cara al público. Las muestras de afecto entre ambos han sido habituales. El último ejemplo lo tenemos en la Cumbre de Granada.

Ambos líderes han trabajado en estrecha colaboración en asuntos clave de la agenda europea, como la gestión de la crisis económica y de la pandemia de covid.

Por eso no desentonaba que Von der Leyen y Sánchez abogasen por un enfoque coordinado a nivel europeo para abordar asuntos comunes incluyendo la distribución de fondos de recuperación y la implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, financiado en parte por la UE.

La buena relación entre ambos se ha hecho notar en cuestiones como el cambio climático y la inmigración, así como en la digitalización y lo que se conoce como 'transición verde'.

Por todo esto la misiva de este miércoles firmada por Reynders debe entenderse en un contexto más allá del meramente judicial. Von der Leyen maneja con mano de hierro la Comisión, el texto y la solicitud tienen el beneplácito de la alemana. Debe entenderse como un aviso de la líder europea al socialista español.

Von der Leyen tiene demasiados frentes abiertos a nivel intercional como para permitir que a poco más de medio año para las elecciones europeas empiece una crisis interna que pueda enfrentar a diferentes organismos y grupos políticos.

Fuentes del organismo europeo aseguran que la respuesta de Bolaños se ha sentido como una burla, y puede que los siguientes pasos sean más duros de lo que hubieran sido en otras circunstancias.

Los tiempos importan. El hecho de que el Gobierno quisiera salir por la tangente el miércoles y en menos de 12 horas se anunciara un pacto con los separatistas en los que se incluye claramente un intercambio de votos por amnistía, se considera una clara violación del Estado de derecho europeo.