Nicolás González-Cuéllar: «Si el secretario del Congreso avala el debate de la amnistía, estará prevaricando»

Nicolás González-Cuéllar es Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid que defendió, en 1990, con una tesis bajo el título «Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal». Responsable del Observatorio Permanente de Justicia Civil y Penal Europea e Internacional de la UCLM, ha prestado asesoramiento al Ministerio de Justicia en diferentes procesos de reforma legislativa. Entre ellos, ha sido vocal de la Comisión Institucional para la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Director del Despacho penalista González-Cuéllar Abogados, especializado en derecho económico y empresarial y Derecho mercantil litigioso, el abogado preside, además, Controlcrim Empresas, entidad dedicada a la prevención de la criminalidad en el ámbito corporativo, así como la editorial Ediciones Jurídicas Castillo de Luna. Como parte de su actividad asociativa se sitúa, además, al frente de la Asociación de Juristas Movimiento 24.2, en referencia al artículo de la Constitución que garantiza el derecho a un juez independiente.

Precisamente, en el marco de esta entidad, Gonález-Cuéllar ha liderado un llamamiento a la sociedad civil, a los colegios profesionales y a las universidades para que manifiesten en contra de la Proposición de la Ley de Amnistía que «supondrá la liquidación del régimen democrático, surgida de la voluntad del pueblo español, única sede de la soberanía, proyectada sobre un Estado de Derecho que desgraciadamente ha de defenderse frente a sus enemigos».

No se puede aprobar una amnistía para comprar los votos del amnistiado

No en vano, la junta directiva del Movimiento 24.2, conformada por el propio jurista, así como por el exmagistrado del Tribunal Supremo y abogado, Adolfo Prego; y, por el exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado, Ignacio Gordillo, ha acordado presentar «una querella» contra el letrado mayor del Congreso, recientemente designado de manera inédita por Armengol desde un cargo del Ejecutivo socialista, por un «delito de prevaricación» si, finalmente, «su informe técnico jurídico es conforme a la calificación de la Mesa positiva a la norma y su posterior debate parlamentario».

«Si el secretario jurídico» del parlamento «a luz verde a la calificación de la amnistía» por la Mesa del Congreso, «iniciaremos acciones legales contra él en Plaza de Castilla», adelanta González-Cuéllar, ya que en su calidad de funcionario, el nuevo letrado mayor de las Cortes, no está aforado. «Esperemos que no se aplique el lawfare en este caso porque resulta palmario que la ley registrada es un traje a medida de los separatistas en el que se están negociado beneficios penales con el propio beneficiado», apostilla.

La norma no responde al interés general. Es el pago de siete monedas de plata a la investidura de Pedro Sánchez

«El papel no lo aguanta todo», afirma categórico González-Cuéllar en declaraciones exclusivas a El Debate. «Es una norma contraria a la constitucionalidad española pero, también, al Derecho Europeo». «Con independencia de la calificación política que merezca la Proposición de Ley registrada, lo cierto es que no responde, como se ha dicho, a una necesidad en beneficio del interés general, sino que es el pago de 7 monedas de plata para una investidura», añade el jurista.

Al margen del «contenido en concreto» del texto legislativo, apunta el abogado y catedrático, el mero hecho de plantearla es «una arbitrariedad». «No se puede aprobar una amnistía para comprar los votos del amnistiado. La verdad no es manipulable aunque sí lo sea el relato», subraya categórico.

La «realidad objetiva», es que «no cabe debate jurídico alguno sobre esta amnistía, con estas condiciones en particular», sentencia el abogado y catedrático. Y añade que si, «frente al informe del letrado del Congreso anterior» que rechazó, de plano, la deliberación de la amnistía registrada en 2021 por ERC, el «técnico actual cambia de opinión, lo hará a instancias del Ejecutivo que lo ha nombrado».