El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo celebra que Bruselas acepte mediar entre PP y PSOE para renovar el CGPJ

El líder de los populares reconoce que esta medida sea de carácter urgente ante los medios de comunicación

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha saludado que Bruselas haya aceptado mediar entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asegurando que «es más urgente que nunca» reconducir el «deterioro del Estado de derecho» y reforzar la independencia de la justicia en un momento en el que el Gobierno redacta «códigos penales a la carta de los que han delinquido».

Así lo ha expresado el líder de los 'populares' en declaraciones a los medios en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), después de que el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, haya citado el próximo miércoles en Bruselas a una primera reunión al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, para desbloquear la renovación del órgano judicial caducado desde 2018.

«Saludamos positivamente la decisión de la Comisión, acreditamos que era una iniciativa correcta y esperamos que el día 31 nos pongamos a trabajar», ha indicado Feijóo, subrayando la importancia de no solo renovar el CGPJ sino también presentar al Congreso una ley que garantice la independencia del poder judicial.

Para Feijóo, es «una buena noticia» que el comisario Reynders quiera ayudar a la renovación del CGPJ, porque «es más urgente que nunca» reforzar la igualdad de todos los españoles ante la ley en un momento en el que se está tramitando en las Cortes Generales un «código penal a la carta de los que han delinquido».

Por otra parte, se ha congratulado que después de la «lamentable» ley de amnistía, el país reciba «un chorro de luz» para que empiece a reconducir «el deterioro del Estado de Derecho en el que estamos viviendo», mientras que ha compartido su deseo que la ley que se tramitará se extienda a todos los órganos judiciales para que «los políticos no puedan pasar del Consejo de Ministros o un ministerio» a la justicia.

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