El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Tribunales
El bloqueo de García Ortiz al informe del Consejo Fiscal sobre la amnistía responde a «razones de interés político-partidista»
Varios vocales del órgano colegiado y consultivo han denunciado que el titular del Ministerio Público «sustrajo» de su conocimiento la petición del Senado para que confeccionasen un dictamen sobre la norma
La negativa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a promover un informe del Consejo Fiscal sobre la cuestionada constitucionalidad de la amnistía, a petición del Senado, ha vuelto a colocarle en el ojo del huracán.
Varios vocales del CF denunciaban esta misma semana que el titular de la institución había «sustraído» la información relativa a la solicitud parlamentaria antes de la celebración del último Pleno de diciembre y pese a que siete miembros electos, de los doce que lo conforman, ya habían instado un pronunciamiento, sin éxito, tanto sobre los planes de borrado penal del procés como acerca del imprescindible amparo a varios de sus compañeros frente a los ataques del separatismo.
Algunos de ellos, como el veterano Salvador Viada, representante de la Asociación Profesional e Independiente (APIF), consideran que el «manifiesto» bloqueo de García Ortiz al informe de la amnistía responde a una motivación «indudablemente político-partidista».
«Es inaudito que el Poder Legislativo pida asesoramiento técnico al Consejo y el fiscal general lo deniegue porque considera inviable que sea en la línea de respaldar la Ley» consultada, añade Viada. García Ortiz, a su juicio, «no lo deniega obligadamente sino que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) le permite acordarlo», incluso a iniciativa propia. No en vano, en su artículo 14.3.b) prevé que el CF tiene entre sus funciones la de asesorarle «en cuantas materias» considere oportuno.
Una realidad que desvirtúa la versión dada por García Ortiz asegurando que carece de competencias para confeccionar un dictamen porque las del Consejo vienen expresamente tasadas en la ley. «Basta con que convoque un Pleno extraordinario con un único punto en el orden del día», señala el consejero de APIF.
Tampoco se sostiene el enfoque según el cual el fiscal general ha deslizado que no corresponde a los fiscales pronunciarse sobre una norma que a ellos no les afecta, «cuando es perfectamente consciente de que durante las causas judiciales del procés, y no sólo en la principal evacuada en el Supremo, la Fiscalía y sus representantes en cada caso tuvieron que pronunciarse». De hecho, fue el propio García Ortiz quien tras registrar el PSOE la Proposición de Ley de Amnistía en el Congreso, remitió un oficio al fiscal jefe de Barcelona para que le enviase el listado completo de los procedimientos contra el 1-O, tanto presentes como pasados, sin importar cómo se hubiesen resuelto.
Además, «es evidente que los fiscales tendrán que pronunciarse una vez aprobado el texto definitivo, tanto si es de aplicación inmediata como si contra el mismo se elevan cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)», avanzan algunos miembros de la Carrera consultados por El Debate.
Sin precedentes contrarios a la amnistía
Así las cosas, según fuentes próximas al fiscal general consultadas por El Debate, García Ortiz «trata de evitar cualquier precedente contrario a la amnistía» que pueda “condicionar, en sentido negativo, una futura instrucción acerca de cómo han de actuar los fiscales ante la más que previsible avalancha de causas prejudiciales“ contra la norma en Europa.
De hecho, una vez aprobada y publicada la ley, cada uno de los tribunales competentes para resolver procedimientos relacionados con el referéndum inconstitucional del 1-O tendrá que celebrar una vista o reclamar un “pronunciamiento expreso“ del Ministerio Fiscal antes de decidir los términos de aplicación de la norma penal a los condenados, procesados y prófugos de la Justicia, caso por caso.
Cuestionado en su etapa anterior al frente del Ministerio Público, entre otras cuestiones, por la «desviación de poder» en el ascenso de Dolores Delgado a la categoría de fiscal de Sala -anulado por la Sala Tercera del Supremo, y confirmado esta misma semana-; por ignorar la solicitud de amparo de los fiscales del procés en el Alto Tribunal, tras el señalamiento de los separatistas; o, por cambiar el criterio de la Fiscalía sobre el terrorismo de Tsunami Democrátic, en la causa de la Audiencia Nacional; García Ortiz ha vuelto a ponerse de perfil en la solicitud de la Cámara Alta para la emisión de un dictamen que analice la legalidad de la polémica norma.
Un escenario «inédito» en el que el fiscal general del Estado ha «obstaculizado el deber de colaboración armónica» que compromete a todos los poderes públicos y que «ha de entenderse como un principio constitucional» rector de la cooperación entre las instituciones para satisfacer el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
