Carmen Calvo defiende una cosa y la contraria sobre la amnistía y hunde su credibilidad

Carmen Calvo ha pasado de negociar la aplicación del artículo 155 en Cataluña con el Gobierno del PP a negar la cabida de la amnistía en la Constitución y, por último, a abrazarla con fuerza. Y todo en menos de siete años.

La exvicepresidenta del Gobierno fue designada el martes presidenta del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Ejecutivo. Y su nombramiento le ha coincidido con la promoción de su ensayo sobre el feminismo, titulado Nosotras. Así pues, Calvo tenía varias entrevistas cerradas de antemano que ha mantenido. El problema es que, en todas ellas, la nueva presidenta del Consejo de Estado se está enfrentando a su hemeroteca. Y de momento va perdiendo con claridad.

A su paso por la SER, Efe, Onda Cero y Antena 3, la exnúmero dos de Pedro Sánchez está defendiendo la constitucionalidad de la amnistía con el mismo ahínco con el que hace tres años afirmaba en sede parlamentaria que una medida de gracia así contravenía la Carta Magna. Y todo sin dejar de recordar que ella es doctora en Derecho Constitucional, dando a entender así que su voz es más autorizada que otras.

El 27 de abril de 2021, la entonces vicepresidenta primera afirmó en el Senado: «Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el Judicial».

Apenas un mes antes, la Mesa del Congreso había inadmitido una ley de amnistía registrada por ERC y Junts. Lo hizo basándose en un informe de los letrados que alertaba de que más bien se trataba de un «indulto de carácter general» camuflado, y por lo tanto prohibido en el artículo 62 i) de la Constitución.

En octubre de 2019 (tras la sentencia del procés), Calvo había ido más lejos en una entrevista en la emisora catalana RAC 1: «La amnistía está prohibida en nuestra Constitución, absolutamente prohibida en nuestra Constitución y en todas las democracias. Porque la amnistía significa que algo así como un poder, el Ejecutivo, es capaz de levantar y anular el trabajo que ha hecho otro poder, que es el Judicial».

Ahora Calvo afirma que en ningún momento se refería a la amnistía, sino al indulto general. «El indulto generalizado, que es lo que en su momento se planteó, no cabe en la Constitución. Era lo que opinaba en aquel momento y sigo opinando. La amnistía y el indulto parcial es lo que está contemplado en nuestra democracia y en cualquier otra», según ella.

El Consejo de Estado, callado

Cabe recordar que, ni antes ni después de la llegada de Calvo, el Consejo de Estado va a emitir dictamen sobre la proposición de ley orgánica de amnistía. El máximo órgano consultivo del Gobierno no se pronuncia nunca motu proprio. Solo cuando se lo solicita un ministerio. Y el PSOE eligió la fórmula de la proposición de ley de su grupo parlamentario para la amnistía, en lugar del proyecto de ley del Consejo de Ministros, precisamente para eludir los órganos consultivos. También por ahorrarse trámites.

El viraje de Calvo es uno de los más paradigmáticos dentro del PSOE, descontando el del propio Pedro Sánchez. Ella fue quien cerró con el Gobierno de Mariano Rajoy los términos de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, que el PSOE apoyó. En concreto, Calvo y la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunieron en varias ocasiones en octubre de 2017 y tuvieron un papel protagonista en el diseño de la suspensión de la autonomía catalana. De ese capítulo nunca ha renegado, tampoco ahora. De hecho, este jueves lo utilizó en Antena 3 para barrer a favor de la amnistía. «El Estado no se equivocó con el 155 ni se equivoca ahora con la amnistía», señaló.

Calvo llega a la Presidencia del Consejo de Estado en sustitución de Magdalena Valerio. Ésta tuvo que marcharse después de que el Tribunal Supremo anulara el decreto de su nombramiento por no cumplir uno de los requisitos exigidos, el de ser jurista de reconocido prestigio. El Ejecutivo recurrió la decisión por ser «la primera vez en la historia que la Justicia invalida un nombramiento del Gobierno, a petición de una denuncia de una institución privada», pero perdió.