Los constantes escándalos comprometen la gestión de García Ortiz y dejan «muy tocado» al titular de la Fiscalía

En la cúpula de la Fiscalía pocos ocultan su malestar con la posición en la que quedaba la institución tras la reelección del Álvaro García Ortiz para el cargo. Las constantes polémicas que salpican la gestión del titular del Ministerio Público han provocado una sensación de «agotamiento y hastío» entre los miembros de la Carrera que compromete su continuidad y que influye «negativamente» en la «credibilidad del resto» de los profesionales que la integran. Las asociaciones han exigido una y otra vez, sin éxito, la dimisión del fiscal general al que el Poder Judicial descartaba por «inidóneo» para ocupar el puesto, en su segundo mandato.

En este sentido, cabe recordar que el CGPJ afeó a García Ortiz el uso «espurio» de su posición para ascender a su predecesora y amiga, Dolores Delgado, como fiscal de Sala; y, para asumir el lawfare contenido en la Proposición de Ley de Amnistía, tras negarse a confeccionar un informe técnico sobre la norma, como le pidió el Senado, hurtando para ello competencias propias del Consejo Fiscal como órgano colegiado.

Sin embargo, la sensación entre quienes velan por el cumplimiento de la legalidad desde el Ministerio Fiscal es que García Ortiz «ha quedado muy tocado» tras el último episodio «sin precedentes» protagonizado por la Fiscalía Provincial de Madrid al revelar datos confidenciales de un particular, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que conocía como resultado de una negociación previa con su abogado, en una causa de conformidad penal y pese a que ésta no llegó a formalizarse. Todos los datos apuntan a una orden directa del fiscal general que «ya no se puede saber» cuándo volverá a tomar una decisión por «intereses partidistas», lamentan fuentes de la Carrera consultadas por El Debate.

Y es que, apenas unas semanas antes del «bochornoso espectáculo» protagonizado por la institución, el Supremo dejaba en evidencia el criterio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una cuestión de calado político. La decisión del Alto Tribunal de abrir causa penal contra el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por un delito de terrorismo en el marco de Tsunami Democràtic, en contra del informe ad hoc presentado por su número dos, Ángeles Sánchez Conde, en contra del criterio de 13 de los 15 fiscales de Sala encargados de informar sobre el caso, dejó a García Ortiz en la cuerda floja.

A la «desviación de poder» de García Ortiz declarada por la Sala Tercera del TS tras anular el ascenso de Delgado a la categoría de fiscal de Sala Togada de lo Militar; al triple recurso, todavía pendiente, contra su designación de la misma como titular de Memoria Democrática; y, a las maniobras orquestadas para cambiar el criterio de la Fiscalía en causas de terrorismo –donde ya se había dado la renuncia del fiscal Vicente González Mota, tras negarse a declarar prescritos varios delitos de los presuntos autores intelectuales del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco– se une, ahora, una supuesta revelación de secretos en el caso de la pareja de Díaz Ayuso.

Ésta no ha sido, por lo tanto, ni la primera, ni la única ocasión, en la que la Fiscalía General del Estado, bajo el mando de García Ortiz, ha maniobrado de manera «insoportable para el buen nombre de la institución» y «comprometiendo su deber de neutralidad y su apariencia de imparcialidad». Pero sí ha sido la primera que ha llevado a otra institución como el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) a decir basta y a iniciar acciones legales para poner freno a las «arbitrariedades» del Ministerio Público.

Denuncia penal del Colegio de Abogados

En un despliegue «sin precedentes» de «medidas de respuesta» tras las filtraciones de «datos confidenciales» de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, desde la Fiscalía Provincial de Madrid, el Ilustre Colegio de Abogados (ICAM) presentaba una denuncia ante el juzgado de Instrucción competente, el pasado jueves. Se trata de una iniciativa que, como anunciaba apenas dos días antes el decano Eugenio Ribón se planteaba, previo acuerdo de la Junta de Gobierno de la institución, «no sólo actuando en nombre de sus colegiados sino de la sociedad en su conjunto».

A juicio del ICAM, lo ocurrido en los últimos días «ofrece indiciariamente caracteres constitutivos de un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.2 CP, que sanciona el quebrantamiento por parte de una autoridad o funcionario público (...) del deber de sigilo y discreción que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».

El ICAM destacaba en su denuncia que este tipo penal protege el «servicio que los poderes públicos han de prestar a la comunidad en relación con el deber de guardar sigilo riguroso respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo» y que, por lo tanto, se «violó gravemente» desde la Fiscalía de Madrid. No en vano, fue el área provincial del Ministerio Público en la capital la que remitió a los medios de comunicación una nota en la que se publicaron conversaciones, datos y fechas que sólo las partes implicadas en el marco de una negociación, propia de los pactos de conformidad penal, podían conocer.

Los fiscales instan la «nulidad»

Un nuevo elemento que abunda en el argumento con el que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) anunciaba al Alto Tribunal que recurrirá el segundo nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La entidad impugnaba, el pasado 9 de febrero, la renovación del sucesor de Dolores Delgado en su cargo apenas dos días después de que el Supremo sentenciase que en el ascenso de su mentora, a la máxima categoría de la Carrera, había incurrido en una «desviación de poder» evidente.

Según adelantó en primicia EL DEBATE, la APIF considera que la designación de García Ortiz es nula de pleno Derecho puesto que el Ejecutivo aprobó el decreto de su reelección para el cargo obviando las irregularidades de su política de nombramientos, así como el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre su falta de idoneidad. La entidad, junto con la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) y uno de los candidatos perjudicados que optaba a la plaza de Memoria Democrática son quienes, también, han pedido al Supremo que intervenga en el caso del segundo ascenso de Dolores Delgado que se resolverá, como muy tarde, en la Sala Tercera del Supremo, el próximo día 30 de abril.

El PP se querella por «prevaricación»

Precisamente, al hilo de la polémica designación de Delgado para una plaza que, como adelantó El Debate en exclusiva, se había diseñado a su medida en el marco de una ley en la que ella mismo intervino como ministra de Justicia, el Partido Popular anunciaba, en febrero de este mismo año, que interpondría una querella contra el fiscal general por un presunto delito de «prevaricación administrativa».

Según los populares, el primer ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría del escalafón del Ministerio Público, como fiscal Togada de lo Militar en el Supremo, tuvo por objeto «pagar una deuda de gratitud» contraída por su sucesor, García Ortiz, quien promocionó a su mentora haciendo uso del «carácter decisivo» que tenía su elección. Y, todo ello, sin tener en cuenta, la férrea oposición de la mayoría del Consejo Fiscal que impugnó la misma por una presunta incompatibilidad de las funciones vinculadas a la plaza con la actividad profesional, como abogado especialista en Derechos Humanos, de la pareja de la candidata, el ex juez Baltasar Garzón.