Los fiscales de la UPF nombrados por García Ortiz avalarán el archivo dictado por su número dos en el caso del novio de Ayuso

En la Junta de fiscales de Sala del Supremo que, esta mañana desde primera hora, decidirá sobre la división del Ministerio Público en el asunto de la querella presentada por el novio de Isabel Díaz Ayuso contra la Fiscalía Provincial de Madrid, tras la filtración de sus datos confidenciales contenidos en una investigación tributaria, hay un total de 22 fiscales afiliados a la Unión Progresista (UPF). Una aplastante mayoría entre los 38 miembros del Pleno de los cuales los 20 últimos ascensos a la máxima categoría del escalafón son de la entidad asociativa, para vacantes ofertadas después de 2019 por Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, «a veces, frente a candidatos más antiguos y solventes».

Un monopolio consolidado por afines que permitirá a García Ortiz y a su número dos, Ángeles Sánchez Conde, salvar en las próximas horas el trámite extraordinario en el que el 'generalato' de la institución está llamado a resolver la discrepancia surgida entre ésta y la fiscal al frente del caso, María de la O Silva, una vez activase el artículo 27 del Estatuto Orgánico (EOMF) que le permite negarse a cumplir las órdenes recibidas para emitir un informe contrario a la querella, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

García Ortiz, quien se abstuvo de tomar parte tras reconocer su «responsabilidad última» en la nota oficial emitida por la Fiscalía de Madrid, no presidirá en esta ocasión el cónclave de los fiscales del Alto Tribunal. Sin embargo, confía en que esa mayoría estratégicamente ascendida en los últimos años por él y por su predecesora en el cargo, le proporcione los apoyos necesarios para obtener un pronunciamiento favorable al archivo dictado por Sánchez Conde, que no ve ni rastro de delito, en la filtración que da origen a la querella del novio de Díaz Ayuso.

La polémica causa, sin embargo, ya ha concitado que varios los fiscales y, al menos un juez, pidan investigar mínimamente las presuntas responsabilidades penales en el escándalo de la filtración de datos personales de un particular en el marco de una negociación de conformidad. A todos ellos les parece que «en este momento procesal es muy prematuro» cerra el caso con un carpetazo tan rotundo y definitivo como pretende la teniente fiscal.

Así las cosas, y a pesar de las «presiones» que los fiscales del TSJM han denunciado por parte de la cúpula del Ministerio Público, al igual que María de la O Silva y su superior jerárquico directo, Carlos Ruiz Alegría, cerca de una decena de los fiscales de la Junta de Sala del Supremo estarían considerando que, como plantea la pareja de la presidenta madrileña en su escrito penal, con la difusión de la nota de la Fiscalía Provincial pudieron cometerse hasta dos delitos diferentes: una revelación de secretos (contenida en el artículo 197 del Código Penal) y un impedimento contra el ejercicio del derecho de defensa (previsto en el artículo 542 del mismo).

Este sector discrepante con la tesis impuesta por la Fiscalía General a través de su número dos –para neutralizar cualquier intento de que la comprometida querella prospere y que los fiscales del TSJM se han negado a cumplir– entiende que «lo normal sería apoyar la admisión» de la misma para determinar, «como mínimo, la competencia del tribunal». Por no hablar de la necesidad de «esclarecer si los fiscales contra los que se dirige la acción son sus correctos destinatarios o, en cambio, a quien corresponde investigar es a otros cargos de la Fiscalía», apuntan varias fuentes consultadas a El Debate que lo avanzaba ayer en este sentido.

«Para inadmitir una querella hay que dar razones muy fundamentadas de la negativa» y «no parece» que en este polémico caso «existan» cuando la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, se negó y «de manera muy bien razonada», a cumplir con la orden inicial recibida. Cabe recordar que, como El Debate publicó en exclusiva, Lastra declinó la posibilidad de firmar y circular, desde su negociado, una nota en la que se revelaban datos personales protegidos por la «confidencialidad» que «da sentido a los pactos de conformidad» con la Fiscalía, permitidos por nuestro ordenamiento y diseñados por ella misma durante su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así las cosas, cualquier dictamen que emane de la Junta de Fiscales de Sala del Supremo, este miércoles, para inclinar la balanza a favor de las posiciones de García Ortiz y Sánchez Conde, no será unánime. La mayoría controlada por el sector más afín a la cúpula fiscal «es muy posible que gane la votación» pero «no lo hará sin reticencias, ni sin poder evitar algunos pronunciamientos particulares discrepantes», adelantan fuentes de toda solvencia a este diario.