El 'generalato' de la Fiscalía, dividido por la amnistía, critica que Delgado vote con su nombramiento anulado

Nada más publicarse la Ley de Amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con su entrada en vigor efectiva, los cuatro fiscales del procés en la causa especial del Supremo –Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Javier Zaragoza– dejaban claro en un extenso informe, de más de ciento sesenta páginas, avanzado por El Debate, las razones por las que la redacción definitiva de la polémica norma, a su juicio, dejaba fuera la malversación. En contra de la visión de su superior jerárquico, que días después decretaría una orden de «obligado»cumplimiento para la Carrera, sobre la aplicación total del texto y los beneficios de éste para el prófugo Carles Puigdemont, los fiscales invocaron el artículo 27 de su Estatuto (EOMF), un mecanismo previsto en caso de discrepancia, para que sea hoy la Junta de más de treinta fiscales del Alto Tribunal, el denominado 'generalato', quien resuelva el conflicto a partir de las 09.30 horas.

El cónclave parte tenso y muy dividido entre quienes son partidarios de revisar la annistía, caso por caso, sin que su aplicabilidad se dé por defecto y de manera automática, para todos y cada uno de los delitos y cualquiera de los procesados o encausados; y, por otro lado, quienes consideran, como el titular del Ministerio Público que debe ser así y que el borrado penal del procés no admite más discusión que poner en práctica aquello que, en la teoría, el Gobierno socialista que lo designó, buscaba pactando con Junts y ERC, al comienzo de la legislatura.

García Ortiz confía en que la mayoría de los 38 fiscales que componen el Pleno, miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que perteneció Dolores Delgado y de la que fue miembro, portavoz y presidente él mismo, un total de 18 que han sido nombrados por ellos durante sus respectivos mandatos, cierre filas entorno a su propuesta jurídica. Sin embargo, también es consciente de que algunos de los asociados más clásicos e icónicos de la entidad han decidido abandonarla, precisamente, por la ausencia de cualquier autocrítica con las políticas de ambos.

Sobre la mesa, además, el malestar de un nutrido grupo de fiscales de Sala que consideran que, una vez anulado el primer ascenso de Delgado como fiscal Togado de lo Militar del Supremo, que le otorgaba la categoría necesaria para incorporarse a esta cita, y declarada la nulidad de la segunda designación como titular de Memoria Democrática, no debería presentarse esta mañana ni, mucho menos, votar a favor de los efectos de la amnistía, en deliberación.

No en vano, cualquier voto puede ser decisivo para que su sucesor en el cargo obtenga hoy el plácet de la Junta sobre en su postura sobre la malversación del referéndum inconstitucional del 1-O. Si bien no es menos cierto que el Gobierno habría decidido alargar la ejecución del último fallo dictado por la Sala Tercera del Alto Tribunal, dado que dispone de un plazo de dos meses para hacerlo y que aún no ha vencido.

Imponer su criterio en la amnistía

Si llegado el caso, el cónclave de la Carrera se inclinase por apoyar el enfoque del fiscal general, podrían darse dos escenarios. Por una parte que los cuatro fiscales encargados del caso aceptase defender la posición definida por la mayoría de sus compañeros, aún siendo opuesta a la suya, en respuesta al plazo de cinco días dado por la Sala Segunda del Supremo sobre cómo afecta la amnistía a los procesados y condenados de la causa especial del 1-O. Algo que, ya han avanzado de manera contundente y sistemática que no va a suceder. Por otra, que se mantengan firmes en que la malversación atribuida a estos queda fuera de los delitos beneficiados por la ley aprobada y vigente.

En este último caso, García Ortiz tiene la opción de apartarlos del caso y designar a otros encargados para hacer frente a las actuaciones procesales ante el TS como ya sucedió, recientemente, en la causa de Tsunami Democrátic que recaló en manos de la número dos del escalafón, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, para eliminar el terrorismo que el ponente inicial del caso sí había admitido para Puigdemont; o, en la querella presentada por Alberto González, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra la Fiscalía Provincial de Madrid por revelación de secretos.

En ambas ocasiones, pese a los esfuerzos del fiscal general por imponer su criterio en el seno de la institución, los jueces avalaron un enfoque contrario que, de repetirse con la amnistía supondría un nuevo escándalo, ya inasumible, en su cuestionado mandato. Cabe recordar que las pesquisas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) instadas por González estrechan, cada vez más, el cerco sobre la posible actuación irregular de García Ortiz en su deber de confidencialidad y que, según algunas fuentes, «su situación procesal podría cambiar» en cuestión de horas, en los próximos días.

Así las cosas, la posición de la Fiscalía en la causa del procés es muy relevante porque marcará, sin duda, el criterio a seguir en aquellos procesos sobre la materia que están pendientes de abordarse tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como en las Audiencias Provinciales y Juzgados de la comunidad autónoma.

La última palabra, más allá de los argumentos de la Fiscalía, la tendrán cada uno de los tribunales españoles con causas concernidas por el contenido de la norma. En el caso del Supremo –tanto para los prófugos Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín, ante el instructor Pablo Llarena; como para los condenados e indultados Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva– será la Sala Segunda de lo Penal compuesta por siete magistrados, presididos por el juez Manuel Marchena, la que decida sobre el alcance del asunto.

De hecho, si el Alto Tribunal acoge los argumentos de los cuatro fiscales del procés, la amnistía quedaría sin efecto en la práctica. Ni se levantarían las órdenes de detención sobre los separatistas rebeldes, ni podría liquidarse anticipadamente la inhabilitación que todavía afecta a los indultados. En ese caso, tampoco sería necesario que el Supremo presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea (TJUE) ya que, si como sostienen los fiscales que se oponen a los planes de García Ortiz, y una buena parte de los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Segunda, la Ley aprobada para el borrado penal del procés no es aplicable a sus teóricos destinatarios, no haría falta preguntar sobre la misma porque no tendría interés para la causa.