La asociación mayoritaria de jueces se adhiere a la petición del Supremo para que las Cortes renueven el CGPJ

La tan ansiada reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que esperar una mejor ocasión. La situación de la cúpula judicial en nuestro país es tan crítica, especialmente en el Supremo (TS) –que acumula 25 vacantes, más de un tercio de su plantilla– que pocas son las voces autorizadas que no se han adherido, aún, a la petición formulada ayer por la Sala de Gobierno del Alto Tribunal: la necesidad de un pacto «urgente e inaplazable» para sustituir a los miembros del Pleno del Consejo, de acuerdo con el mandato constitucional a las Cortes Generales. Esto es, Congreso y Senado.

Así se han manifestado en una breve pero contundente nota desde la mayoritario Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En el comunicado remitido, la entidad se adhiere a las reflexiones trasladadas, este mismo lunes, desde el TS para que «los principales partidos políticos que conforman el arco parlamentario alcancen los acuerdos necesarios» y, con ello, «poner fin a una situación que se prolonga ya más de cinco años y que, además de erosionar la imagen de independencia de quienes integramos el Poder Judicial, está causando un perjuicio en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia y, en definitiva, en la efectiva tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos».

La situación actual está «pudriendo» todo y es ya insostenible, apuntan algunas fuentes consultadas por El Debate, en el entorno del propio Supremo que, en los últimos meses ha subsistido a base de letrados de refuerzo en el gabinete técnico. Un parche que «ya no es viable» porque el volumen de las causas que sobrecargan cada una de las Salas hacen necesaria una solución definitiva y, en cualquier caso, ajustada al mandato constitucional «que es claro».

Por su parte, la izquierdista Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD) también ha expresado su apoyo a la petición que «ayer, 24 de junio de 2024, realizó la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, reclamando la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial». «Consideramos inaplazable que se normalice la situación de tal órgano institucional, en beneficio del correcto funcionamiento de nuestras instituciones, del gobierno del Poder Judicial y de la sociedad y la ciudadanía», ha apuntado su portavoz, Edmundo Rodríguez Achutegui.

Anomalía democrática sin precedentes

En la misma línea, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) recriminaba hace unas horas al Tribunal Constitucional (TC) que lleve un año «incumpliendo» la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a España por vulnerar los derechos civiles de seis jueces asociados que son candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente de ser renovado, desde 2018.

En su comunicado, la entidad ha recordado cómo el sábado se cumplió el plazo de un año desde el fallo de Estrasburgo al que el TC aún no ha dado cumplimiento, pese a que adquirió la condición de firme el pasado septiembre. La Corte «tampoco ha respondido a la demanda de ejecución de esta sentencia» que presentó la propia asociación, en noviembre del año pasado. De hecho, el presidente Cándido Conde-Pumpido encargó, en diciembre, un informe jurídico sobre la petición de los seis candidatos de que se ejecutara la sentencia de Estrasburgo.

El portavoz nacional de la AJFV, Sergio Oliva, aprovechaba para denunciar la existencia de una «anomalía democrática sin precedentes» consecuencia de la no renovación del CGPJ, algo que «está vulnerando los derechos civiles de los seis candidatos» de su asociación propuestos para incorporarse al máximo órgano de gobierno de los jueces españoles.