El pacto del CGPJ se convierte en una operación de riesgo extremo para Feijóo

El borrado del caso de los EREs por parte de la mayoría de izquierdas del Tribunal Constitucional ha puesto entre la espada y la pared a Alberto Núñez Feijóo, en la semana en que supuestamente vence el ultimátum de Pedro Sánchez para renovar el CGPJ por las buenas. O eso, o el presidente amenaza con romper la baraja y presentar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial junto a sus socios.

El miércoles pasado, el TC estimó parcialmente el recurso de amparo de Magdalena Álvarez por un delito continuado de prevaricación, en lo que supuso un indulto encubierto a la exministra y exconsejera andaluza. Esta semana, los siete mismos magistrados del bloque afín al PSOE se preparan para avalar el recurso de la que fuera número dos de José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo, contra su condena por prevaricación y malversación.

Ello ha añadido presión a Feijóo, por si no tuviera bastante ya. El líder de los populares se enfrenta a una operación política de riesgo extremo si pacta con Sánchez el órgano de gobierno de los jueces y acaba saliendo escaldado. Cabe recordar que la renovación del órgano que preside Cándido Conde-Pumpido fue un acuerdo al que llegaron socialistas y populares en octubre de 2021, en la etapa de Pablo Casado. Ahora, la ponente que está validando los recursos de los condenados por los EREs es la magistrada Inmaculada Montalbán, que entró en el Constitucional tras ese acuerdo entre el PSOE y PP, a propuesta de los socialistas.

A ello se unen las maniobras del fiscal general del Estado para aplicar la ley de amnistía a los condenados por malversación –aun a costa de apartar a los cuatro fiscales del procés–, la politización del caso del novio de la presidenta madrileña y los ataques de Sánchez y los suyos al juez instructor del caso Begoña por mantener su imputación y resistirse a entregar el caso a la Fiscalía Europea.

Todo junto conforma un cóctel difícil de digerir para el líder de la oposición. Y más difícil aún de dar de beber al electorado de centro derecha. Máxime teniendo en cuenta que una destacada dirigente del PP se ha posicionado en contra de pactar con Sánchez: Isabel Díaz Ayuso.

El anzuelo del PSOE

El PSOE lleva desde el jueves pasado alentando la idea de que de que el PP se está moviendo hacia un acuerdo, porque ha habido contactos discretos en los últimos días. El anzuelo que están usando los socialistas es la posibilidad de no circunscribir el pacto al CGPJ, sino incluir en él la renovación del gobernador del Banco de España, cuyo mandato ha caducado este mes de junio, y algunos nombramientos en RTVE, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

«Tenemos confianza en llegar a un acuerdo, optimismo en que sea más pronto que tarde y discreción en los contactos, para volver a la normalidad después de más de 2.000 días», señaló este lunes la portavoz del PSOE, Esther Peña, sin querer aclarar si la fecha límite del 30 de junio es improrrogable para Sánchez o podría irse a julio, siempre y cuando haya avances.

Sin embargo, el portavoz del PP rebajó ayer el optimismo de los socialistas. Según Borja Sémper, los populares no accederán si el PSOE no les da garantías de que esta renovación irá acompañada de una reforma del sistema de elección de los vocales en un tiempo razonable. Sémper también desechó la idea de que un hipotético acuerdo para el CGPJ está vinculado necesariamente a otras renovaciones.

Desde el entorno de Feijóo repiten que no se dejará llevar por las presiones, pero cada vez son más y más fuertes. Internas y externas, en una dirección y en otra. Este lunes, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo adoptó un acuerdo en el que hace un nuevo llamamiento a las partes para resolver esta parálisis «sin más demora». Porque el «perjuicio causado» a la Judicatura es «enorme».

Los jueces temen que, si socialistas y populares no llegan a un entendimiento, Sánchez lo utilice como coartada para tomarse la Justicia por su cuenta. En una entrevista en TVE tras las elecciones europeas, el presidente ya dejó caer que lo que hay que hacer es despojar al CGPJ de su capacidad para hacer nombramientos en el Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.

Entretanto, los socios de Sánchez se impacientan. Si por Sumar hubiera sido, hace tiempo que la coalición habría impulsado una reforma legal para rebajar las mayorías de elección de los vocales del CGPJ en el Congreso y el Senado y así orillar al PP. Este lunes, desde Sumar y también desde Podemos insistieron en ello. «Una renovación del CGPJ con el PP que pasa por que los jueces fachas elijan a los jueces fachas sólo va a contribuir a la impunidad y a que continúe la ofensiva judicial. Hay que renovar el CGPJ con la mayoría democrática del Congreso», escribió la líder de los morados, Ione Belarra, en la red X.

Para el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, hay «señales de humo» que apuntan a un inminente acuerdo. «Blanco y en botella: la releche», señaló.