El Congreso aprueba la Ley del Derecho de Defensa, que permitirá usar lenguas cooficiales en el TS o la AN

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles, sin ningún voto en contra y con la abstención de PP y Vox, el dictamen de la Ley del Derecho de Defensa. Esta ley busca ampliar las garantías tanto para los ciudadanos como para los abogados ante los tribunales, incluyendo el derecho a un lenguaje claro y la posibilidad de solicitar la suspensión de procedimientos judiciales por causas de fuerza mayor.

El texto aprobado incluye una enmienda transaccional acordada por PSOE, Junts, ERC y BNG. Esta enmienda reconoce el derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, y recibir en dichas lenguas las comunicaciones correspondientes. Además, el Ministerio de Justicia deberá proporcionar los medios técnicos necesarios para hacer efectivo este derecho. Otra enmienda, presentada por Junts y BNG, establece que los tribunales deben ofrecer mecanismos de interpretación y traducción a los intervinientes.

Inicialmente, este proyecto de ley fue aprobado en abril de 2023 a propuesta de la exministra de Justicia, Pilar Llop, pero decayó tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral. Fue retomado por el Gobierno de Pedro Sánchez en enero de este año.

El actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó que esta norma es «pionera» en Europa, promoviendo una Justicia «cercana y ágil». Su objetivo es garantizar tanto el derecho de defensa de los ciudadanos como el ejercicio profesional de los abogados, estableciendo un régimen de garantías y deberes.

La proposición de ley establece que no solo las personas con insuficiencia de recursos tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita, sino también aquellas en situaciones de especial vulnerabilidad mediante un reconocimiento legal. Además, extiende el derecho de defensa a medios alternativos de solución de controversias, como la mediación, el arbitraje y la conciliación, y garantiza el uso de un lenguaje claro en actos, resoluciones y comunicaciones procesales.

Suspensión de un proceso por motivos personales graves

La ley también contempla el derecho de los abogados a solicitar la suspensión de un procedimiento judicial o el nuevo señalamiento de actuaciones procesales en casos de fuerza mayor u otros motivos similares, como el nacimiento o cuidado de un menor, la adopción o acogimiento de menores, la hospitalización de un cónyuge o persona cercana, y el fallecimiento de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. También podrán solicitar la suspensión por accidente o enfermedad del abogado interviniente que requiera hospitalización o por baja médica sin hospitalización. La suspensión y el nuevo señalamiento de actos procesales se regirán por la ley procesal correspondiente.

Durante el debate en la Comisión, el PSOE subrayó que es una ley «transformadora» que puede avanzar más, pero se priorizó el consenso, buscando «la ampliación de derechos y libertades y la mejora continua de las instituciones», según el diputado Joaquín Martínez.

Apoyo de PSOE, Sumar y socios del Gobierno

Desde Sumar, Enrique Santiago resaltó la importancia de una norma que proteja el libre acceso a la Justicia y evite dilaciones indebidas, además de establecer garantías y deberes de asistencia jurídica para los abogados. Jon Iñarritu, de EH Bildu, mostró su apoyo a la ley aunque sin grandes entusiasmos, criticando la presentación «rimbombante» del ministro y señalando que la profundización de derechos no es tanta. Aplaudió, no obstante, la inclusión de enmiendas para el reconocimiento de derechos lingüísticos.

Pilar Vallugera, de ERC, celebró la inclusión del derecho a usar lenguas cooficiales en los juzgados, aunque consideró que la ley debería ser «mucho más ambiciosa» y abordar las tasas judiciales, que considera un obstáculo para la Justicia. Mikel Legarda, del PNV, expresó su satisfacción por el amplio consenso logrado.

Para Podemos, la ley representa un «avance» en el reconocimiento del derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, aunque la diputada Martina Velarde echó en falta una «mayor ambición» en algunos aspectos.

PP y Vox la ven insuficiente

El PP se abstuvo, argumentando que la ley «adolece de soluciones a problemas reales». La diputada María Eugenia Carballedo cuestionó quién costeará el «festín de intérpretes y traductores por el capricho de hablar euskera en Tenerife, Matalascañas o Murcia». Vox también se abstuvo, considerando la ley innecesaria y criticando su «popurrí de regulación ya vigente» y su carga ideológica, en referencia a «las imposiciones de los grupos separatistas para el uso de lenguas cooficiales».