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01 de julio de 2024

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), y el vicesecretario del Partido Popular (PP), Esteban González Pons (i), firman el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), y el vicesecretario del Partido Popular (PP), Esteban González Pons (i), firman el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)EFE

Acuerdo PP-PSOE

Jueces, magistrados y fiscales tras la renovación del CGPJ: «El cambio del sistema de elección de los vocales tiene que cumplirse»

El pacto entre el PP y el PSOE incluye una proposición de ley que obliga, en un plazo de seis meses, a reformar el método para que los 12 miembros de extracción judicial sean nombrados por los jueces

Cinco años y seis meses después de la última renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los dos principales partidos políticos PP y PSOE, escenificaban esta semana, en Bruselas, la firma del acuerdo alcanzado para poner fin al bloqueo de los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial, bajo la atenta mirada de la comisaria de Justicia de la Unión Europea (UE), Vera Jourovà.

Por primera vez, el pacto asignaba de manera equitativa los asientos del Consejo –un total de 20 miembros, que eran designados 10/10 para cada formación– y comprometía una reforma simultánea del actual sistema de elección para «despolitizar la Justicia» y promover a futuro que, al menos, 12 de los miembros del Pleno fuesen elegidos por los propios jueces. Sin embargo, horas más tarde, desde las propias filas socialistas restaban importancia a este último aspecto y aseguraban que se trataba de una propuesta no vinculante.

Así las cosas, más allá del análisis político, la fórmula elegida para la renovación parece no haber concitado la unanimidad de sus destinatarios. El Debate ha recavado la posición de las principales asociaciones. El balance es, en general, positivo aunque no está exento de cierto escepticismo.

María Jesús del Barco (APM)

«En la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) valoramos positivamente los acuerdos alcanzados. La renovación era necesaria y no podía retrasarse ni un día más», celebra María Jesús del Barco, la decana de los jueces de Madrid y presidenta de la entidad mayoritaria de la Magistratura.

En cuanto al resto de cuestiones incluidas en el pacto alcanzado, también son optimistas: «Se abre la posibilidad de cambiar el sistema de elección de los vocales judiciales, con participación de la Carrera. Algo que llevamos reclamando desde 1985. Esperamos que esta voluntad de llegar a más acuerdos se materialice en la práctica».

Cristina Dexeus (AF)

La Asociación mayoriaria de Fiscales (AF) considera que «los acuerdos alcanzados para la renovación del CGPJ y para la despolitización de la Justicia van en la dirección adecuada pero deberían ser el inicio de algo más amplio y duradero». «Es una lástima, sin embargo», en palabras de su presidenta, Cristina Dexeus, «que no se haya podido llegar al consenso para la reforma del sistema de nombramiento de los vocales de extracción judicial, previa al anuncio de los nombres elegidos en esta ocasión».

Para Dexeus, «en cuanto a la renovación, en sí misma, y los vocales que integran este nuevo Consejo, si es que llega a buen puerto, lo más relevante para la AF y la Carrera Fiscal, es que haya profesionales del Ministerio Público en sus filas, lo que es algo novedoso y tiene trascendencia». «Parece lógico que dado que la Fiscalía forma parte del Poder Judicial, según lo previsto en el artículo 124 de la CE, tuviésemos representación en el órgano y la elegida, en este caso, Pilar Jiménez Bados tiene una solidez jurídica y una trayectoria profesional magníficas, por lo que es una grandísima candidata para el reto», valora Dexeus.

«Es bueno impedir las puertas giratorias para poner en evidencia la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad de las instituciones que en el caso del Ministerio Fiscal quedó tan dañada con el nombramiento de Dolores Delgado, después de aquellas manifestaciones del presidente del Gobierno sobre de quién depende la Fiscalía y habiendo sido ella Ministra de Justicia y diputada por el partido socialista, para el que había hecho campaña electoral activa. Ésa imagen fue nefasta porque fue la voladura de su independencia, seguida de decisiones posteriores muy controvertidas», recuerda la veterana fiscal catalana.

Sergio Oliva (AJFV)

Para Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) «el pacto consolida una forma de designación de vocales claramente politizada. La imagen que se traslada a la ciudadanía es que los partidos políticos no quieren perder su cuota de poder en el CGPJ. Y eso provoca que los vocales elegidos, de cuya profesionalidad no dudamos, carezcan de apariencia de imparcialidad y apariencia de independencia» ya desde un principio.

Hay que ser muy ingenuo para sostener que ese escenario va a tener lugar. Seguirán sin cumplirse las recomendaciones de las instituciones europeas. Hemos perdido una oportunidad histórica

«Se aprecia en la casi totalidad de los 12 vocales judiciales un evidente reparto de cromos entre PP y PSOE, ninguneando a la mayoría de la carrera judicial no asociada y a la AJFV, con más de 1000 asociados, que no tiene representación. Y debo decir que me siento muy orgulloso de que este hecho ejemplifica, de forma palmaria, nuestro compromiso con la independencia judicial en mayúsculas, sin vinculación partidista y solamente preocupada por la mejora de las condiciones de la carrera profesional de los jueces de este país», añade Oliva en su conversación con El Debate.

«El acuerdo», eso sí, «contiene mejoras en la independencia judicial como la limitación de puertas giratorias, de la independencia del FGE, en el mantenimiento del sistema actual de oposición. Pero se queda corta en el número de plazas anunciadas habida cuenta del aumento de la litigiosidad del país y de las macro jubilaciones que se producirán en la carrera judicial los próximos años», lamenta el representante de la AFJV.

Y, aunque espera, que los nuevos vocales «sean capaces de avanzar en la mejora de las condiciones de salud laboral de los Jueces y que en los múltiples nombramientos discrecionales que tienen que realizar, se mejore la objetividad y se ejecute una verdadera baremación del mérito y capacidad», Oliva es pesimista sobre «la eventual reforma del sistema de designación de vocales, y que la carrera judicial pueda elegir de forma directa a los 12 vocales judiciales». «Hay que ser muy ingenuo para sostener que ese escenario va a tener lugar. Seguirán sin cumplirse las recomendaciones de las instituciones europeas. Hemos perdido una oportunidad histórica», lamenta.

Edmundo Rodríguez (JJpD)

El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, considera «positivo» que finalmente se haya renovado el CGPJ, «poniendo fin a una anomalía inadmisible que se ha mantenido durante demasiado tiempo».

«Los acuerdos hechos públicos esta tarde van por el camino correcto, al basarse no sólo en la renovación, sino en la búsqueda futura de una reforma basada en el consenso y el pacto, en el que deben participar, igualmente, la judicatura, los profesionales del derecho y cuantas personas representan los intereses de la sociedad y la ciudadanía que quieren afrontar los graves problemas de la administración de justicia», valora Rodríguez.

«Nuestra asociación ha venido pidiendo que esta situación anómala terminase, y ahora que ha sucedido, reclama responsabilidad a las personas que van a designarse para que, con humildad y sentido de Estado, afronten rápidamente la enorme tarea de recomponer el prestigio perdido y de normalizar la institución, evitando vuelva a ser utilizado con fines partidistas», recomienda, eso sí, el portavoz de la plataforma.

Fernando Portillo (FJI)

Bastante menos condescendiente es Fernando Portillo, de Foro Judicial Independiente (FJI), para quien «antes de renovar al actual CGPJ, hubiera sido preciso reformar la LOPJ y cumplir con los parámetros de independencia judicial que reiteradamente se nos solicitan desde todas las instancias internacionales».

«El acuerdo político alcanzado entre los dos partidos políticos mayoritarios», esto es PP y PSOE, «no elimina esta politización sino que más bien parece orientado a perpetuarla, pues se difiere la reforma del sistema de elección de vocales de procedencia judicial a una futura e indeterminada propuesta, que fácilmente puede ser bloqueada por alguno de los dos grupos de vocales, conservadores o progresistas, que, de nuevo y lamentablemente, se formarán en el próximo CGPJ», vaticina el juez.

El sistema actual de designación partidista ha fracasado. No profundicemos en el error, la única solución real es la despolitización de la elección de los vocales judiciales

De hecho, Portillo denuncia ante la opinión pública y la Carrera Judicial que la renovación consumada, es un «nuevo ataque a la independencia judicial y al principio de separación de poderes» y ya avanza que, «conforme a lo acordado en nuestra última asamblea», FJI tiene la «intención de ejercer las acciones legales que procedan contra los actos dimanantes del nuevo Consejo, en el caso de que no sean conformes a la jurisprudencia constitucional y los estándares europeos de lucha contra la corrupción, separación de poderes e independencia judicial».

Miguel Pallarés (APIF)

«Valoramos como algo positivo que se haya solucionado una situación de bloqueo, que no era buena para el funcionamiento de la Justicia en España, con un Consejo prorogado en sus funciones durante los últimos cinco años», celebra, Miguel Pallarés, el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Y continúa: «Con este acuerdo, al menos, se ha llegado a una solución».

Sin embargo, «somos prudentes sobre si esto va a ser una medida que de una vez por todas se despolitice la Justicia porque quedan muchas cosas que hacer al respecto. Entre ellas, la elección de los 12 vocales de procedencia judicial por sus pares y configurar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para garantizar la total autonomía e independencia del fiscal general respecto del Gobierno, como debe ser», apostilla Pallarés.

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