PP y Vox aprueban su Plan de Concordia en Aragón en pleno ataque del Gobierno por la ley de memoria

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles la toma en consideración del Plan para la Preservación de la Concordia, que, si bien no tiene rango de ley, viene a sustituir la ley de memoria. Cabe recordar que la derogación de esta última ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional al haber admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra la norma de PP y Vox.

El documento, al que ha tenido acceso El Debate, subraya que la Constitución de 1978, «referente de democracia plena y consenso en España», fue «el resultado del consenso político que definió España como un Estado social y democrático de Derecho». «El mantenimiento de la concordia democrática es el marco donde se sustenta este Plan, entendiendo este concepto como la interrelación entre acuerdos y consentimientos que tienen como fin último el bienestar social y reconocimiento y aceptación de diversas maneras de pensar», explica el texto.

Remarca que en el período constitucional se han conseguido avances para la convivencia y se ha puesto de manifiesto la necesidad de «proteger la dignidad» de las víctimas de violencia «causada por quienes no respetaron las libertades» que encarna nuestra Carta Magna, aludiendo así a las víctimas del terrorismo, a las que describe como «referencia ética» para nuestro sistema democrático. Y en este sentido, defiende la necesidad de preservar y reponer la dignidad de todas ellas.

En el texto, PP y Vox señalan que las normas de memoria que se han aprobado a nivel nacional y autonómico en los últimos años «han tratado de fijar una concreta interpretación subjetiva de la historia que impone por la fuerza de la ley la memoria de los españoles», denuncian. De hecho uno de los motivos que llevaron a los partidos que conforman el Gobierno de Aragón a promover la derogación de la ley de memoria que en 2018 se había aprobado en la región fue la visión «partidista» y «sectaria» de la norma. Así, frente a esto, defienden la necesidad de mantener «un firma enfoque integral de convivencia y respeto a todas las ideologías, que evite cualquier intento de imponer» esa interpretación subjetiva de los acontecimientos históricos.

Los objetivos de este plan

Tal como recoge el documento, con este plan se pretende preservar y fortalecer la concordia, la reconciliación y la convivencia entre los aragoneses; favorecer políticas públicas de concordia democrática para promover la libertad, la igualdad y la dignidad humana; así como reconocer la dignidad de las víctimas de violencia por motivos ideológicos.

También busca facilitar el acceso a los restos de las víctimas, a información y a documentación relacionada con esa violencia; fomentar que se conozca la realidad de los hechos terroristas, en aras de recordar a las víctimas; y crear un espacio que aglutine a todas las realidades, «sin pretender imposiciones o borrados ideológicos».

El plan cuenta con 27 objetivos específicos que se articulan en tres ejes: el primero, relativo a los derechos constitucionales y los valores democráticos; el segundo, a la dignidad de las víctimas de violencia; y el tercero, sobre la comprensión del pasado y la difusión de la concordia. Entre ellos, está el garantizar la libertad ideológica, impulsar medidas de convivencia entre personas de ideologías y culturas distintas, así como iniciativas que tiendan a la concordia, o eliminar las que «exalten como referencias democráticas o modelos períodos diferentes al período constitucional iniciado en 1978».

También dentro de estos objetivos específicos, esta iniciativa busca participar en la búsqueda, la exhumación y la documentación de todas las víctimas de violencia «independientemente de su ideología o sus circunstancias personales», impulsar el reconocimiento de las víctimas de violencia «ejercida por regímenes totalitarios o dictaduras, por bandas, grupos terroristas, o individuos sometidos a ideología extrema» por motivos ideológicos, políticos o religiosos. Asimismo, quiere sensibilizar sobre la importancia del conocimiento de la Historia «alejado de ideologías», así como impulsar actividades que difundan los valores democráticos basados en la concordia.

Por otro lado, el texto afirma que el plan mantiene «incuestionablemente» el respeto al Estado de derecho, lo que conlleva por tanto el cumplimiento de la Constitución, de los Tratados Internacionales y normas del derecho internacional y también la legislación estatal y autonómica vigente.

Según detallan fuentes consultadas por El Debate, al haberse aprobado este plan en el Consejo de Gobierno, contempla actuaciones que se van a ir ejecutando a lo largo de este año, entre las que mencionan por ejemplo la actualización del mapa de fosas comunes y exhumaciones de la comunidad o la realización de perfiles genéticos a familiares y víctimas, con partidas presupuestarias para ello. Apuntan, además, que el hecho de que se haya admitido a trámite el recurso del Gobierno ante el TC, no impide que las actuaciones recogidas en el plan se apliquen ya.