El PSOE descarta remendar la ley de amnistía para no sufrir más desgaste

El Gobierno descarta remendar la ley de amnistía en el Congreso para cerrar el paso al Tribunal Supremo y tratar de forzar la inclusión de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los otros cinco cabecillas del procés condenados o huidos de la Justicia a los que el lunes les fue denegada la medida de gracia.

Fuentes gubernamentales señalan que el legislador ya ha hecho su trabajo y que no retocarán un texto que ya sufrió bastantes cambios durante su tramitación parlamentaria. Además, el Tribunal de Justicia de la UE está ojo avizor y los socialistas no quieren más desgaste innecesario.

Así pues, no pasará como con la ley del ‘solo sí es sí’, que los socialistas modificaron meses después de su entrada en vigor para frenar el rosario de rebajas de condena y excarcelaciones. Lo hicieron a través de una proposición de ley orgánica que contó con el apoyo del PP y el rechazo frontal de Unidas Podemos.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insinuó este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que no hay problema con el articulado de la ley de amnistía, sino uno de interpretación por parte de los jueces. «El texto de la ley es muy claro y meridiano y la voluntad del legislador también», señaló Alegría, tajante.

Como ya contó El Debate ayer, los socialistas confían en que el Tribunal Constitucional arregle el boquete provocado por el Supremo a la ley de amnistía, aunque los tiempos de la corte de garantías son más extensos de lo que Pedro Sánchez y sus socios quisieran. Desde el Ejecutivo también mostraron su malestar con Alberto Núñez Feijóo por haber dudado de la imparcialidad del Constitucional.

Desde que el grupo parlamentario socialista registró la norma en el Congreso el pasado 13 de noviembre, y hasta que fue definitivamente aprobada por las Cortes el 30 de mayo, el texto fue parcheado a medida que los jueces iban moviendo sus cartas. El famoso artículo 2, el que enumera las exclusiones a la ley, llegó a tener tres redactados distintos en seis días de enero para incluir el terrorismo sin despertar suspicacias en la UE. Y, aun así, en el momento de someterlo a votación en Pleno Junts echó atrás la ley y la devolvió a la Comisión de Justicia porque no tenía garantías de que la amnistía fuera a cubrir a Puigdemont.

En marzo, el PSOE, Junts y ERC llegaron a un acuerdo definitivo. El nuevo redactado suprimió el Código Penal como fuente de Derecho para determinar los delitos de terrorismo e hizo que la ley se remitiera únicamente a la directiva europea contra el terrorismo de 2017. Ya por entonces, los populares advirtieron de que los jueces tendrían la última palabra y que ésta no gustaría ni a Pedro Sánchez ni a Carles Puigdemont. «El Código Penal sigue en vigor», resumió la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra.

Las defensas empezaron a esbozar ayer sus estrategias de contraataque. Antes de acudir al Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, tendrán que agotar los recursos ante el Tribunal Supremo, como recordó el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. Éste también aseguró que, si hay debate de investidura en Cataluña antes del 26 de agosto, el fugado estará presente.

La investidura de Illa es, precisamente, uno de los daños colaterales del jaque del Supremo a la ley de amnistía. La negativa de sus jueces a aplicarla a siete condenados o huidos ha añadido presión sobre ERC, en plenas negociaciones con los socialistas. Junqueras, el temporalmente dimitido líder de Esquerra, se reunió el lunes con Puigdemont en París. Pero le negó su apoyo.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, aseguró este martes que el Tribunal Supremo busca «dinamitar» la amnistía con su interpretación de la norma. «Demasiadas veces algunos poderes se creen que están por encima de todo y pueden saltarse la ley», denunció Plaja.