El Gobierno intenta meter en cintura a los jueces: «El texto de la ley es muy claro. Tienen que aplicarla»

La decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía a cuatro condenados y tres acusados de malversación por el procés (entre ellos, Carles Puigdemont) ha provocado un enorme enfado en el Gobierno. Aunque la parte del PSOE intenta mantener las formas y la de Sumar ni se molesta. Al contrario.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros comparecieron la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La primera no quiso cargar contra los jueces y la segunda no hizo otra cosa. Se desconoce si se repartieron los papeles o si Díaz actuaba motu proprio. Pero, después, fuentes de la Moncloa se afanaron por explicar que Díaz estaba dando una «opinión personal», no la del Ejecutivo.

Alegría reiteró el «máximo respeto» del Gobierno a las decisiones judiciales y repitió hasta en tres ocasiones: «El texto de la ley es muy claro y meridiano y la voluntad del legislador también», sostuvo. «Lo que tiene que suceder es que los jueces apliquen la ley», añadió, dejando constancia de que, para el Gobierno, no existe más interpretación que incluir la malversación y la desobediencia en los supuestos amnistiables.

Díaz, por el contrario, soltó una andanada contra los jueces nada más tomar la palabra. A pesar de que no había sido preguntada por esa cuestión: «Volvemos a ver cómo pasan cosas extrañas en nuestro país. Hemos visto estos meses cómo el CGPJ emitía informes para los que no tenía competencias o incluso se posicionaba en un informe sobre una ley que no existe (el pasado noviembre, el órgano de gobierno de los jueces hizo un primer pronunciamiento sobre la ley de amnistía antes de que la norma fuera registrada en el Congreso)».

La vicepresidenta segunda también habló de «presidentes de audiencias provinciales que han salido a la calle a manifestarse en contra de una ley cuando ni siquiera conocían su contenido». Y cargó contra el nuevo magistrado del Constitucional a propuesta del PP, José María Macías, hasta ahora vocal del CGPJ.

A su lado, la portavoz esperó a que terminara su compañera para rebajar el tono. Aunque, en privado, la posición del ala socialista no dista mucho de la de Sumar. El lunes, de hecho, el PSOE envió a la prensa unas declaraciones sin atribuir a nadie en las que cargaba contra los jueces Manuel Marchena y Pablo Llarena por hacer «consideraciones políticas» en sus autos, «sorprendentes e innecesarias».

Durante su comparecencia, Alegría evitó suscribir esas declaraciones salidas de Ferraz. Ni tampoco opinó sobre si el Supremo se está extralimitando. Por el contrario, no tuvo ningún paño caliente con Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de poner en riesgo la estabilidad de las instituciones por dudar de la imparcialidad del Tribunal Constitucional durante una entrevista en Onda Cero, este mismo martes. Algo que, según ella, es de «máxima gravedad».

Aun hubo tiempo para una segunda descarga de la socia de Sánchez. Díaz lamentó que los jueces sean «el único cuerpo que no rinde cuentas de lo que hace», sabiendo el «sesgo que tiene». «Cuando hablamos de democratizar nuestro país también hablamos de esto», zanjó.