La Audiencia Nacional archiva el caso Tsunami y avisa al Supremo que su decisión afecta a Puigdemont

No quedaba más remedio, ni otra opción. El juez de la Audiencia Nacional encargado de instruir el caso Tsumani Democràtic, Manuel García-Castellón, ha decretado el archivo de la investigación en la que figuraban un total de diez personas como investigadas, entre ellas la exsecretaria general de ERC Marta Rovira. La resolución del veterano magistrado llega conocerse que la Sala de lo Penal del órgano central declaraba la invalidez de todas las diligencias practicadas para el esclarecimiento de lo ocurrido en Cataluña, durante las protestas violentas del separatismo –convocadas en octubre de 2019– a partir del 29 de julio de 2021.

García-Castellón ha ordenado, también, remitir esta resolución a la Sala Segunda de lo Penal del Supremo «para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial» en la que está siendo investigado por terrorismo el expresidente catalán y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, por si pudiera afectar a la instrucción que se sigue en el Alto Tribunal, a cargo de la magistrada Susana Polo. En su caso, el archivo de Tsunami debe acordarlo esta juez. Lo que no afectará a la causa especial por desobediencia y malversación de la que se encarga el magistrado Pablo Llarena.

No en vano, el pronunciamiento de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es tajante: anular el auto con el que, hace casi tres años, García-Castellón dictó una prórroga de seis meses sobre las actuaciones de indagación.

Sin embargo, ahora, en respuesta a un recurso presentado por dos de los investigados, Marta Molina y Josep Lluís Alay, la Sección Tercera de la Sala Segunda de la AN ha entendido que la prórroga fue extemporánea y ha dado la razón a las defensas que pedían cerrar, como finalmente ha sucedido, todas las líneas de actuación en las que se rastreaban los disturbios provocados por la plataforma separatisa Tsunami Democràtic. Una serie de actos que bloquearon infraestructuras clave para el Estado y ocasionaron numerosos destrozos en Cataluña, en protesta por las condenas del Supremo a los cabecillas políticos del procés.

Más de tres años de trabajo del magistrado García-Castellón, enviados al cajón por un error que ha condenado la causa al sobreseimiento. Las representaciones jurídicas de los independentistas han hecho valer ante el tribunal supervisor su tesis sobre cómo, por aquel entonces, en la fatídica fecha de 2021, el juez instructor no había citado a declarar todavía a ninguno de los investigados, que ya no tendrán que pasar por ese trago.

En tal escenario, a juicio de los tres magistrados de la Sección Tercera que se han asomado al caso, resultaba complicado justificar la continuidad de los procesamientos necesarios para seguir actuando contra ellos.

Cuando, además, una vez sobrepasado el plazo del próximo 29 de julio, las cosas se volverían todavía más complejas con indicios de delito sobre la mesa todavía muy incompletos y las dificultades, cada vez mayores, de seguir avanzando pese a los informes instados, por ejemplo, ante algunos de los organismos internacionales con experiencia en delitos terroristas, como la OTAN. Ni estos, ni tampoco la familia del ciudadano francés muerto durante el asalto del aeropuerto del Prat, a causa de un infarto, que fue invitada por el instructor a personarse en la causa, habían contestado hasta el momento.

Finalmente, la estrategia de defensa de los investigados de Tsunami Democràtic, ha surtido el efecto deseado. Dilatar la causa y desnaturalizarla con recursos y más recursos contra todas y cada una de las decisiones, pruebas, informes, actuaciones, actuaciones,... decretadas por el magistrado García-Castellón hasta dar carpetazo al asunto.