Vox eleva al máximo la presión al PP ante la reunión con el Gobierno para el reparto de menores

Tensión cada vez mayor en las comunidades de PP y Vox a la espera de la reunión que mantendrán esta tarde en Tenerife los ministros Sira Rego, de Juventud e Infancia, y Ángel Víctor Torres, de Política Territorial, con los presidentes autonómicos sobre la propuesta planteada por el Ejecutivo central y el Gobierno canario para reformar la Ley de Extranjería.

La incógnita está en qué harán los populares, si aceptarán o no el reparto de menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias, como le piden desde Moncloa. De su posición dependerá la continuidad o no de los gobiernos regionales que comparten con el partido de Santiago Abascal, según han venido advirtiendo los dirigentes de Vox estas semanas, porque, como han subrayado desde que surgió el debate político sobre esta cuestión, se trata de un punto crítico en sus acuerdos de gobierno.

Nunca antes desde que empezó la andadura de estos seis ejecutivos -Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Baleares (en este último apoya al PP de forma externa)- habían amagado con la posibilidad de romper con la contundencia con la que lo han hecho esta vez, aunque haya habido crisis o rifirrafes entre ambas formaciones. Desde Bambú han venido reiterando que cumplirán su palabra, y han puesto el acento en lo que digan y hagan los líderes territoriales del PP, no Alberto Núñez Feijóo, con quien el enfrentamiento es desde hace meses total en la dirección nacional de Vox.

«Se considerarán rotos, porque no quedará otro remedio, todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras calles, por nuestros pueblos y nuestras ciudades», avisó Abascal este lunes en rueda de prensa tras el Comité de Acción Política. Y aseveró: «No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos, ni de las violaciones».

Y Pepa Millán, portavoz del grupo parlamentario insistía 24 horas después desde el Congreso: «Si los presidentes de las regiones resisten la presión de Sánchez y hacen valer esos acuerdos, tendrán nuestro apoyo y seguiremos gobernando. Que ceden a la presión de Sánchez, deciden estafar a los electores y se hacen colaboradores de la inseguridad, nosotros daremos por rotos esos gobiernos». «Romper es romper», señaló, dejando caer que los populares en ese caso tendrían que gobernar en minoría o con el PSOE.

Abascal recalcó ante los medios que lo que piden a los populares es usar los medios legales a su alcance, no incumplir la ley. Otra cosa muy distinta para ellos sería que el partido de Feijóo aceptara y apoyara la norma, algo que, según sostienen, le haría cómplice del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y ante el previsible 'no' de Junts, este necesita al PP para sacarla adelante porque no cuenta con una mayoría parlamentaria, y ayer ya reconoció el ministro Torres que no tienen «plan B».

En las últimas horas, desde Génova han criticado el «órdago» lanzado por la formación de Abascal y también la presión del Gobierno. Su portavoz, Borja Sémper, señaló este martes que el PP «es un partido solidario» y abogó por una fórmula intermedia entre «no atender» a los menores y un «sí a todo», que vendría a ser «un sistema de ayuda y solidaridad». Si bien, con responsabilidad, y con unas condiciones.

Preguntado por los periodistas acerca de si podía confirmar si los líderes regionales del PP votarían sí en la reunión, Sémper respondió con otra pregunta: «¿Todos van a votar que sí mañana a qué? La posición del PP es solidaridad pero no irresponsabilidad», al tiempo que pidió que participen todas las comunidades «sin excepción», en alusión a Cataluña, que ha pedido quedar excluida del reparto, también conocer cuál es la financiación o en qué condiciones llegan esos menores. «Las amenazas con Feijóo no funcionan. Ellos verán lo que hacen», quiso contestar a Vox.

Los dirigentes autonómicos de las comunidades donde gobiernan en coalición se han expresado estas últimas horas en la misma línea, con críticas a la gestión del Gobierno central en materia migratoria, puesto que en algunos casos están al borde del colapso en los centros de menas. También los de Vox en los términos en los que lo ha hecho la dirección nacional, que remarca que en los acuerdos firmados con el PP se recogió el compromiso de luchar contra la inmigración ilegal. Aunque las coaliciones sean sólidas o fuertes, como las han descrito estos días representantes autonómicos del partido de Abascal, si los populares aceptan ese reparto de inmigrantes, se convocarían las mesas de seguimiento de los pactos y saldrían de esos gobiernos.