Un juez en Moncloa, el testimonio de Pedro Sánchez y seis declaraciones en una semana clave para Begoña Gómez

Todo lo que rodea a la causa penal abierta contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, está obligando a los jueces a revisar con lupa la letra pequeña del ordenamiento vigente. No en vano, desde que se conociese que el instructor del caso, el magistrado Juan Carlos Peinado, decidía citar a declarar como testigo a Pedro Sánchez, en su condición de marido de la principal investigada, tanto la Abogacía como la Fiscalía se activaban para evitar dicha comparecencia.

Los esfuerzos han sido, hasta la fecha, en vano, ya que dos jueces, tanto Peinado como su sustituto, Carlos del Valle, han coincidido en desplazarse al Palacio de La Moncloa para interrogar a Sánchez sobre los negocios de su esposa.

Este será el interrogatorio más relevante de los seis que están previstos esta semana, durante los días 29 y 30 de julio. Y que incluirán un total de cuatro testificales, incluyendo la de Sánchez; y, la segunda ocasión para el principal socio de Gómez en el Máster de la Complutense de Madrid, Juan Carlos Barrabés y el rector de dicha Universidad, Joaquín Goyache quienes resultaron directamente implicados tras responder a una ronda de preguntas inicial.

No cabe la declaración por escrito

En una carta, el presidente del Gobierno indicaba al juez Peinado, hace unos días, su plena voluntad de «colaborar» con la Justicia, pero defendía al mismo tiempo que su declaración debía producirse por escrito dado que su comparecencia «resulta inescindible» de su cargo. «Es mi deber preservar el sentido propio de la institución», añadía.

Sánchez se apoyaba, para ello, en que el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) hace un distingo entre la declaración de un presidente por hechos de los que tenga conocimiento por «razón de su cargo» o por hechos ajenos a su ejercicio como presidente. En el primer caso, la norma da la posibilidad de declarar por escrito; en el segundo, no. Y es, este último, el escenario en el que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha enmarcado su presencia en el caso de su mujer.

El cuarto presidente, el segundo activo

En cualquier caso, Pedro Sánchez se convertirá en el cuarto presidente del Gobierno que ha sido citado a declarar como testigo ante un juez, el segundo que lo hará durante su mandato. Antes, su predecesor, Mariano Rajoy ya declaró como testigo en el juicio de la primera etapa del 'caso Gürtel' (1999-2005) en lo relativo a la supuesta financiación irregular del PP.

Felipe González compareció en 1991 en la fase de investigación del 'caso Marey', en el marco de los GAL de la guerra sucia contra ETA. Mientras, Adolfo Suárez lo hacía trece años después de abandonar su cargo, para aclarar que nunca había recibido pago alguno de manos de Mario Conde con la intención de que influyese en la posición del Banco de España respecto de Banesto, la entidad que por aquel entonces presidía el banquero.

Dos imputados y tres testigos más

Un día antes de la declaración de Sánchez, el juez ha programado hasta cinco citaciones, entre ellas las declaraciones del empresario Juan Carlos Barrabés y del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, que deberán volver al juzgado pero esta vez ya con la condición de investigados.

Precisamente, en las últimas horas trascendía que Barrabés ha recurrido su imputación ante el juez, y por tanto su citación, alegando que «de lo actuado no se deduce razón alguna para prestar declaración como investigado o dirigir la investigación» en su contra.

En su declaración como testigo, que se celebró el pasado 15 de julio, el empresario aseguró haber mantenido varias reuniones en el Palacio de La Moncloa con Begoña Gómez, en dos de las cuales estuvo presente Sánchez. Un detalle que justificó asegurando que habían hablado de «innovación» ajenos a la presencia de Gómez.

En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias acusaba a Begoña Gómez de haber actuado «prevaliéndose de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno. «Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas», decía el escrito consignado.

Según el sindicato, uno de esos empresario «beneficiados» por las «recomendaciones o avales» de Begoña Gómez era Barrabés, a cuyas empresas se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros.

Exigencia de dimisión, a gritos

Al igual que Barrabés, Goyache en su declaración como testigo del pasado 5 de julio reconocía haber mantenido una reunión con Gómez, también en La Moncloa, a instancias de ésta, a través de su secretaria. El rector aclaraba ante el juez Peinado que la misma se produjo antes de que arrancara la cátedra que dirigía Gómez en la UCM y con motivo de proponerla.

Precisamente, la pasada semana, el rector enviaba una carta a la comunidad universitaria señalando su desconocimiento acerca de los hechos que son objeto de investigación en la causa que se sigue contra Begoña Gómez ni qué conducta delictiva se le atribuye.

«En cualquier caso, de nuevo responderé a toda cuestión que se me plantee, porque sé que al final quedará demostrado que, como rector, he actuado siempre con total sometimiento a la ley y al Derecho», explicaba en ese correo enviado. Su situación procesal, sin embargo, le ha provocado algunas situaciones incómodas en el marco de su actividad profesional en la Universidad donde el decano de Periodismo exigía su dimisión a gritos, en el último Pleno del Consejo de la institución.

El mismo lunes, el juez prevé tomar declaración en calidad de testigos a otras tres personas: al consejero delegado (CEO) de Barrabés, Luis Miguel Ciprés; al director general de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD), Félix Jordán de Urries; y, al presidente del Instituto de Empresa (IE), que fichó a Gómez para su claustro docente, Diego del Alcázar Silvela.