El PP pregunta al Gobierno por la contratación de Evelop por parte de Correos
Según publicó en exclusiva El Debate, Correos y una ex filial de la empresa implicada en el caso Begoña Gómez firmaron un acuerdo en 2021 para crear una empresa por el que el Estado asumía todas deudas en caso de fracaso
El Grupo Popular en el Senado ha enviado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno acerca de la relación entre la empresa pública Correos y Evelop, después de la exclusiva publicada por El Debate el pasado 25 de julio según la cual pretendían «desarrollar una línea de transporte aéreo internacional de mercancías con Asia» y, en caso de fracaso, la empresa pública asumía las pérdidas, lo que llevó a Correos a la ruina.
Tras esta publicación, los senadores del Partido Popular, Francisco Bernabé y Alicia García, han presentado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno para que explique las cláusulas desveladas por El Debate.
En concreto, recuerdan en la exposición de motivos que «según la cláusula sexta del mismo, se estipulaba que las ganancias se repartirían entre ambas corporaciones en un porcentaje variable, pero en el caso de que hubiera pérdidas se acordó que se asumirían íntegramente por Correos».
Así pues, los senadores del Partido Popular quieren saber por qué se adjudicó el servicio directamente a Evelop sin sacarlo a concurso público y por qué Correos asumió «las eventuales pérdidas que se dieran en la actividad comercial conjunta» como así resultó ser.
También quieren saber los senadores si existen «informes jurídicos, técnicos o económicos» que avalen este contrato y, más concretamente, la cláusula del no reparto de pérdidas.
Finalmente, los senadores recuerdan que el contrato con Evelop se firmó un año después de que el Gobierno de Sánchez acordara el rescate de Air Europa, empresa perteneciente al grupo Globalia y si alguna parte de ese rescate fue utilizado para ejecutar el contrato con Evelop.
No hay que olvidar, además, que el dueño del grupo Globalia, Javier Hidalgo, tiene buena relación con Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y han mantenido numerosos encuentros y reuniones que se encuentran bajo sospecha de si influyeron a la hora de recibir ayudas o ser contratados por empresas públicas.
Un mes para responder
Según el artículo 169 del Reglamento del Senado, el Gobierno tiene que responder en el plazo de treinta días siguientes a la comunicación de las preguntas. «Si el Gobierno no hace llegar la respuesta dentro del plazo previsto en el apartado anterior, el senador interrogante podrá solicitar la inclusión de la pregunta en el orden del día de la sesión siguiente de la Comisión competente» en forma de pregunta oral.