La juez aplaza hasta septiembre el pacto del novio de Ayuso con la Fiscalía

No habrá decisión sobre el posible pacto de conformidad planteado por los abogados de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, con la Fiscalía, hasta septiembre. La juez encargada de la causa tributaria que pesa sobre el empresario madrileño, por un presunto delito de fraude y otro de falsedad documental, ha dejado pendiente, para después de las vacaciones, resolver la petición del PSOE, personado como acusación, de ampliar las pesquisas a otros delitos como el de administración deslel o bien aceptar el acuerdo planteado por González Amador para zanjar, cuanto antes, el asunto.

Sobre la mesa de la magistrada, la solicitud de cierre de la instrucción penal sobre la pareja de Díaz Ayuso a cambio de reconocer que cometió varias irregularidades en sus obligaciones con la Agencia Tributaria (AET). Pese a que, según fuentes judiciales consultadas por El Debate, la magistrada ha estado oficialmente inoperativa desde hace varios días, sin embargo, sí ha tenido ocasión de notificar al músico Nacho Cano su condición de investigado en las diligencias abiertas contra él por, presuntamente, traer a varios becarios mexicanos a España, camuflados como turistas, para trabajar en su musical 'Malinche'.

Así las cosas, González Amador tendrá que esperar para conocer el total de los delitos que se le atribuyen, de acuerdo con la ampliación de los mismos presentada por la acusación socialista, en el último día posible del plazo legal previsto para el trámite. También para que se fije un señalamiento en el que valorar las posiciones del investigado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado que, si bien se abrieron en un primer momento al acuerdo, en los últimos días se habrían desmarcado del mismo con varios escritos orientados a dilatar la causa en el tiempo.

Y ello, pese a que ni el Ministerio Público, ni los propios investigados, ni los letrados del Estado, como representante de la Hacienda, consideran necesario seguir investigando al novio de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, pese a que tanto la Fiscalía como el abogado del empresario impulsaron, durante el pasado mes de junio, una conformidad pactada para poner fin al procedimiento penal –por segunda vez, tras la llegada del nuevo abogado general del Estado, David Vilas Álvarez– la tercera parte implicada en el asunto se han negado a aceptar un cierre que, incluso, llegó a traducirse en un texto consensuado, antes de las declaraciones previstas para el día 24 del pasado mes de julio, que no llegaron a celebrarse ya que una hora antes de las declaraciones, la acusación popular del PSOE neutralizó el acuerdo con su petición de aumento de las pesquisas.

Así las cosas, con el cambio de criterio de la Abogacía del Estado –que removió al encargado inicial del caso, Julián Martínez-Simancas, para situar a una letrada afín a la Moncloa, Zaida Fernández y teniendo en cuenta el calendario procesal del asunto, el avance del mismo se prolongará «casi con total seguridad hasta entrado 2025», apuntan fuentes judiciales a El Debate.

Un escenario en el que « no es decartable» que se habiliten nuevas indagaciones sobre la «relación profesional» de la empresa Maxwell Cremona SL, de la que es administrador único González Amador, con el grupo sanitario Quirón, en 2020 y 2021, pese a las reticencias iniciales de la magistrada y las posiciones, cambiantes, tanto de la Abogacía del Estado como de la Fiscalía que, en su último escrito, sí se ha mostrado favorable a aceptar el pacto y zanjar el caso. El visto bueno de la juez, que es «quien tiene la última palabra», ha quedado aplazado hasta septiembre, en cualquier caso.