Ofensiva del matrimonio Sánchez contra el juez Peinado: Begoña Gómez también se querella

La defensa de Begoña Gómez, ha presentado una querella contra el magistrado que la investiga, Juan Carlos Peinado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público, según ha informado Europa Press.

Su querella llega solo tres días después de que su marido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interpusiera una querella contra el juez por supuesta prevaricación, la misma mañana en la que estaba citado para declarar como testigo en la causa contra su mujer que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Sánchez lo hacía a través de la Abogacía del Estado, que, según señaló el dirigente socialista, se querellaba contra el magistrado para «defender la institución de la Presidencia del Gobierno» al haber visto «atropellados» sus derechos. Sánchez presentó la querella como presidente del Gobierno, cuando se había acogido a su derecho a no declarar en contra de su esposa como Pedro Sánchez, por ser cónyuge de la investigada.

Según informa EFE, la defensa de Begoña Gómez fundamenta la querella en las decisiones «injustas», «arbitrarias», «no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias» que a su juicio el juez Peinado ha ido tomando a lo largo de la investigación abierta contra la mujer de Sánchez. El letrado le acusa de hacer una instrucción «errática, perversa y prospectiva» que busca dirigir «una causa general» contra Begoña Gómez para investigar «toda» su vida y «tratar de determinar» si ha cometido algún delito.

Para el abogado de Gómez, Antonio Camacho, el juez «ha efectuado una aplicación del derecho incomprensible, ha forzado las normas aplicables» y ha tomado decisiones «sin amparo legal» y, muchas veces, sin posibilidad de recurso, «con evidente impacto en todos los ámbitos» de la vida de Gómez «debido a la importantísima repercusión mediática del proceso».

En la querella presentada por la Abogacía General del Estado contra el juez Peinado, la letrada pública Zaida Fernández Toro, firmante de la misma, se le atribuía al magistrado «presunta responsabilidad delictiva» por haber haber dictado resolución, que tildaba de «injusta», sobre el presidente «a sabiendas».

La abogada del Estado señalaba en el texto que no les parece «posible lógicamente ninguna pregunta vinculada a la investigación de la que pudiese saber el testigo si no es teniendo relación con su cargo, precisamente por la construcción típica del único delito por el que se justifica el interrogatorio». Además, acusa al magistrado de apartarse de «los métodos usuales de interpretación, siendo su voluntad la única explicación posible», recogía la querella interpuesta por Sánchez.