El silencio cómplice del Gobierno sobre la posible detención de Puigdemont

Carles Puigdemont ha iniciado su regreso a España desde el supuesto exilio del que habla el relato independentista de los sucesos del procés. Así lo ha manifestado el expresidente de la Generalitat en un comunicado enviado a través de las redes socialesm en el cual asegura que vuelve a España después de siete años y, de paso, convoca a sus fieles a una manifestación a las 9:00 horas para acompañarle hasta el Parlamento catalán.

El candidato de Junts en las últimas elecciones catalanas considera que está legitimado para acudir a la investidura en el Parlament, sea la suya o la de Salvador Illa, y tacha de «ilegal» su posible detención en territorio nacional en el momento en el que sea detectado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ha convocado, además, una manifestación para que sus fieles le acompañen hasta el Parlament sin que la Delegación del Gobierno se haya manifestado al respecto mediante el rechazo o la aprobación.

El discurso de Puigdemont no es nuevo. La terminología que emplea tanto Junts como ERC, su antiguo socio de Gobierno durante el procés, se ha mantenido en la misma línea desde que se produjeron los sucesos de 2017, pero donde sí se ha modificado la estrategia a seguir ha sido en Moncloa, en función de los intereses. Mientras Pedro Sánchez aseguraba antes de llegar a la Presidencia del Gobierno que no pararía hasta poner a Puigdemont a disposición de la Justicia, ahora guarda silencio sobre su posible regreso.

Nadie del Ejecutivo se ha manifestado sobre la vuelta de Puigdemont, conscientes de que la llegada del prófugo puede hacer saltar por los aires la investidura de Illa. Tampoco ningún miembro del Gobierno ha avalado la labor del juez Llarena y del Tribunal Supremo, ni recordado que sigue activa una orden de detención sobre el expresidente de la Generalitat si pisa territorio español y que tendrá que ser detenido en el momento en el que sea detectado en España. En periodo vacacional, solo la portavoz Pilar Alegría y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, han tenido actos de agenda esta semana, pero ninguna de ellas se ha referido a la vuelta del prófugo.

Al contrario, desde el Ejecutivo se ha hablado en todo momento de una «judicialización de la política» y no de un respeto a la labor de los jueces que investigan una serie de sucesos acaecidos en Cataluña en torno al año 2017 y que han sido definidos por los tribunales como un «golpe de Estado».

La fragilidad sobre la que Pedro Sánchez sustenta su legislatura le obliga a modular su discurso en función de los actores implicados en cada situación. Queda en evidencia en este tipo de situaciones, ya que es probable que el Gobierno hubiese actuado de otra manera si no necesitara los apoyos de Puigdemont para mantenerse en Moncloa.