El Gobierno despliega todo su arsenal contra la independencia del juez Peinado, al que acusan de prevaricar

En la mañana del pasado viernes 20 de diciembre, La Hora de La 1, programa que conduce Silvia Intxaurrondo, publicó unos audios del interrogatorio que el juez Juan Carlos Peinado —instructor que investiga a Begoña Gómez— realizó al directivo del Instituto Empresa (IE) Juan Carlos Guëmes.

La información del ente público acusa —de forma difusa— al magistrado de «imputar» a Güemes «por negar» que contrató a Gómez para el IE por ser la esposa de Pedro Sánchez. Para sostener la noticia, TVE indica que Peinado aseguró en sede judicial que la directora de Recursos Humanos de IE, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, había declarado que se fichó a Gómez por «ser mujer» del presidente del Gobierno; cuando lo que había manifestado la trabajadora es que se incluyó una «cláusula especial» en el contrato por su condición de esposa del jefe del Ejecutivo.

Así las cosas, para la entidad presidida por José Pablo López, el juez Peinado se limitó a cambiar la condición de testigo a imputado de Güemes el pasado mes de noviembre porque este declaró que fue el encargado de contratar a Gómez para su compañía, pero que la decisión no la tomó porque fuera la mujer de Sánchez. No obstante, la información no menciona ningún otro motivo por la que el instructor determinó que se debía a investigar al directivo del IE, a pesar de que esto sería contrario al derecho a la motivación de las decisiones judiciales; que gozan todos los litigantes.

Horas después de que se difundiera esta difusa noticia, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, la utilizó para aseverar que el juez Peinado es «claramente prevaricador» por haber «mentido en sede judicial» con el objetivo de «imputar a otra persona». «Estamos conociendo cosas que son muy, muy preocupantes. Hay un Estado de derecho, y los ciudadanos tienen derechos», agregó.

En consecuencia, esta estrategia se suma a la multitud de ataques que el Gobierno ha realizado contra el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. En la carta a la ciudadanía que publicó Sánchez el pasado mes de abril ya puso en tela de juicio que Peinado investigara a su cónyuge: «Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios (…) En efecto, la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras (…) Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose».

Igualmente, las embestidas contra el juez Peinado también se han producido por parte de distintos miembros del Ejecutivo. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha calificado en diversas ocasiones a la causa judicial como «el no caso», y ha asegurado que la instrucción es «prospectiva», algo que está proscrito en el ordenamiento jurídico español. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska —que fue durante cinco años presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional— ha afirmado que el juez instructor ha «retorcido la ley» y que ha permitido la «indefensión» de Gómez.

El titular del Ministerio de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, llegó a resaltar que la mujer del jefe del Ejecutivo «está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias, donde todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada».

Además, Sánchez empleó a la Abogacía del Estado para interponer una querella contra el juez por prevaricación, mientras que Begoña Gómez hizo lo propio a título propio. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) rechazó ambos escritos debido a su «carácter especulativo» y porque se trataban de «meras conjeturas».

La Fiscalía ha intentado en tres ocasiones que la Audiencia de Madrid apartara a Peinado de la causa que instruye, aunque el tribunal lo ha rechazado —en mayo, en septiembre y en octubre— y ha permitido que el instructor continúe con las pesquisas.