La semana judicial más negra para el Gobierno acorrala al fiscal general y abre nuevos frentes en Moncloa

Cada día que pasa parece colocarse una losa más en el horizonte de Moncloa y Ferraz. Cada información nueva que sale a la luz sitúa al Gobierno, al PSOE y al propio Pedro Sánchez en un punto más comprometido, del que tratan de salir con el argumentario de que «no hay caso» o «no hay pruebas» o, como critica la oposición, con cortinas de humo, como la memoria «democrática» o el miedo a la «extrema derecha».

Este mismo sábado, el dirigente socialista recurrió a lo segundo. Desde Rabat, donde inauguraba el Consejo Mundial de la Internacional Socialista destacó en su intervención dos cosas: «el avance de la extrema derecha» y la existencia de una «derecha tradicional y más moderada» que, según él, ha abrazado el discurso de aquella.

En Marruecos termina una semana negra para el presidente del Gobierno, porque cada vez son más frentes los que tiene ante sí. El primero de ellos, el caso del fiscal general del Estado. Al problema que ya de por sí tienen Álvaro García Ortiz y el Gobierno después de que el Tribunal Supremo le imputara por presunta revelación de secretos, se suma todo lo que conlleva el borrado del contenido de su móvil incautado por la Guardia Civil.

Los agentes de la UCO trasladaron al instructor que sigue el caso en el Alto Tribunal que encontraron «cero mensajes» en el dispositivo del fiscal general, aunque sí se localizaron en el móvil de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, mensajes de la conversación mantenida entre ambos. Como ya apuntó El Debate, este borrado supone un indicio incriminatorio más en contra de García Ortiz.

El mismo día en que se conocía el informe de la Guardia Civil, sin embargo, el discurso desplegado por Sánchez fue preguntar «quién va a pedir perdón» al fiscal después de que hayan pedido su dimisión «sin pruebas». «Horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios conservadores diciendo que el fiscal general tenía que dimitir y resulta que hoy en el informe de la Guardia Civil se dice que no hay mensaje que pruebe esa acusación tan grave», dijo enfadado.

Pero esta semana también el Gobierno y el PSOE se han topado con la decisión del Tribunal Supremo de pedir al Congreso de los Diputados el suplicatorio de José Luis Ábalos para poder imputarlo formalmente al haber «indicios» de la comisión de los delitos de malversación, cohecho, integración en organización criminal y tráfico de influencias por su parte. Ello pese a que desde Moncloa se ha insistido en que «no hay pruebas» de lo que declaró el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama.

Sigue adelante también en los tribunales la investigación a Begoña Gómez, pese a los intentos del Gobierno por desacreditar al juez instructor, Juan Carlos Peinado –contra el que ya interpusieron en su día dos querellas acusándole de prevaricar–, e insistir en que «no hay caso». Este miércoles, prestó declaración, tras haber sido citada en dos ocasiones más y negarse a hacerlo, aunque solo respondió a las preguntas de su abogado. Y este viernes, la asesora de Moncloa que hacía gestiones mujer de Sánchez, Cristina Álvarez, reconoció ante el juez que fue nombrada para ayudar a Begoña Gómez en cuestiones oficiales pero también en asuntos privados.

Si con ello no bastara, además de los políticos, otro frente judicial se abre ante Sánchez: el caso de su hermano, David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra. Porque esta semana la jueza que lleva la causa ha pedido a la Diputación de Badajoz que aporte más documentación sobre el puesto de trabajo y las funciones del hermano del presidente. Cabe recordar que está citado para el próximo 9 de enero, él y el presidente socialista de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.

Todo ello a poco más de una semana de terminar el año y de empezar uno nuevo que también se prevé complicado para Sánchez no solo por estos casos, sino también por su debilidad parlamentaria y el tira y afloja de Junts, máxime después del ultimátum que esta misma semana le lanzaba desde Bruselas Carles Puigdemont. «Tiene dos meses para avanzar en los temas que interesan a nuestros electores», le avisó.