El juez que investiga a García Ortiz cita como testigo a la fiscal jefe que se negó a publicar los datos del novio de Ayuso

El magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, ha dictado un nuevo auto en el que cita como testigos, el próximo 16 de enero, a Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid que, como reveló El Debate en exclusiva se negó a firmar y divulgar la polémica nota de prensa con datos confidenciales de un particular; y, a Julián Salto, fiscal de Delitos Económicos asignado a la causa tributaria que afecta al novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la misma resolución, notificada hoy a las partes, el instructor cita, también como testigos, el próximo día 21 de enero a los responsables de comunicación de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, Ignacio Corral Lozano y de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo Cassinello.

Así lo ha determinado el juez Hurtado tras incorporar a las actuaciones judiciales los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: el primero de ellos, de fecha 21 de noviembre de 2024, relativo al material y dispositivos electrónicos intervenidos con ocasión del registro realizado en dependencias de la investigada Mª Pilar Rodríguez Fernández, fisca provincial de Madrid; y, el segundo, de fecha 19 de diciembre de 2024, sobre los dispositivos digitales intervenidos tras la entrada de los agentes en el despacho del imputado Álvaro García Ortiz, así como los datos obtenidos del otro terminal telefónico voluntariamente aportado al instructor por el testigo Juan Lobato Gandarias.

En este sentido, el magistrado recuerda que todavía está pendiente de recibir el resultado de las nuevas pruebas encomendadas a la UCO, mediante providencia del pasado día 23 de diciembre, entre las que se pidió identificar la titularidad de todas y cada una de las tarjetas SIM asociadas a los teléfonos incautados a García Ortiz, así como identificar las fechas de borrado de los mismos, teniendo en cuenta que del volcado del principal de ellos se obtuvieron «cero mensajes» de la aplicación de mensajería instantánea de Whatsapp.

«Hay varias diligencias sobre las que se está pendiente de acordar», ha anunciado el magistrado a quien las acusaciones particulares personadas en la causa solicitaron en los últimos días nuevas pesquisas, entre ellas, el interrogatorio al propio fiscal general del Estado.

«Lo que se irá haciendo en función de lo que la progresión de la instrucción de la causa vaya requiriendo, pero que no quita para que se tome decisión sobre algunas otras diligencias que este Magistrado Instructor considera que conviene comenzar por ellas, una vez contamos con los informes de la UCO y con carácter previo a la toma de declaración de los investigado, como es la toma de declaración» de testigos adicionales.

Entre ellos, Julián Salto Torres, fiscal de delitos económicos, «que prestó declaración en calidad de querellado ante el Instructor de la causa cuando ésta se llevaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque, además de que es necesario oírle, ahora, en calidad de testigo, su testimonio fue de relevancia para la decisión que tomó dicho Instructor, en orden a la Exposición Razonada por la que remitió a esta Sala Segunda las actuaciones, y se comprometió a aportar correos sobre los que prestó declaración, como efectivamente hizo mediante la copia de ocho de ellos».

«Almudena Lastra de Inés, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, que prestó declaración como testigo ante el Instructor de la causa en el período que se estuvo sustanciando ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a quien conviene oír en la misma condición, porque, con independencia de que pueda reiterarse en alguno de los aspectos sobre los que ya declaró, conviene que aporte información en relación con el intercambio de mensajes que mantuvo con el fiscal general del Estado, así como valorar el ofrecimiento que hizo para el volcado de los correos electrónicos y Whatsapp que mantuvo», en los días clave, «con la Fiscalía General del Estado».

Iñigo Corral Lozano, responsable de comunicación de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, «quien también fue oído en declaración como testigo ante el Instructor cuando la causa era llevada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con independencia, también, de que pueda reiterarse en alguno de los aspectos sobre los que ya declaró, por razón del intercambio de comunicaciones que tuvo con Mar Hedo Cassinello, responsable, ésta, de comunicación de la Fiscalía General del Estado, y haberse mostrado aquél voluntario al volcado de las comunicaciones que mantuvo», con ella, en relación a los hechos investigados en esta causa.

Y, por último, la propia Mar Hedo Cassinello, «por razón de ser la responsable de comunicación de la Fiscalía General del Estado, y ser de dicha Fiscalía de donde apunta, al nivel indiciario del momento procesal que nos encontramos, que pudiera haber salido la información litigiosa», concluye el juez Hurtado.

A ello se suma, además, que el departamento de comunicación de la FGE se ha visto implicado en varias oportunidades en una cuestión que afecta, de manera directa, a un asunto relacionado con el máximo exponente del Ministerio Público. De hecho, ya en su momento y como reveló este diario en exclusiva, el contenido de la nota que ha llevado a García Ortiz ante la Sala Segunda del Supremo se recogió en un documento de Word cuyo original, de acuerdo con los metadatos del archivo, coincidía con el ordenador asignado a Hedo Cassinello.