García Ortiz indigna a los fiscales usando la oficina de prensa de la Fiscalía para anunciar que no dimite

La nota «autodefensiva» con la que, este martes, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, despejaba cualquier atisbo de duda sobre su dimisión ha causado «una profunda indignación» entre los miembros del Ministerio Público.

«Es, una vez más, la instrumentalización de la Institución para sus fines políticos y personales», afeaban varios miembros de la Carrera a El Debate, una vez el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena elevaba contra él, y ante el Supremo, una «exposición motivada» por un presunto delito de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.

Y es que, apenas unos minutos después de conocerse la decisión del juez instructor, García Ortiz remitía una nota desde la oficina de prensa de la Fiscalía en la que aseguraba que su nueva situación procesal no alteraría su trabajo como máximo responsable de la misma. De acuerdo con sus propias palabras, el fiscal general defendía que el hecho de que se hubiese elevado esa exposición razonada «no ha de impedir ni alterar el normal funcionamiento de la institución» ni «por supuesto» su «trabajo ordinario» en el cargo.

No es la primera vez que el departamento de comunicación se ve implicado en una cuestión que afecta, de manera directa, a un asunto relacionado con el máximo exponente del Ministerio Pùblico. De hecho, ya en su momento y como reveló este diario en exclusiva, el contenido de la nota que ha llevado a García Ortiz ante la Sala Segunda del Supremo se recogió en un documento de Word cuyo original, de acuerdo con los metadatos del archivo, coincidía con el ordenador asingado a la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Su credibilidad está «comprometida»

Para la mayoría de los fiscales de Sala del Supremo, sin embargo, su continuidad resulta «insostenible» y su no dimisión supone, precisamente al contrario del planteamiento de García Ortiz, «comprometer la defensa de la legalidad» que es una de las funciones básicas del Ministerio Público. «¿Cómo va a resultar creíble que el titular de la Fiscalía garantiza el cumplimiento de la ley cuando sobre él mismo pesa la sospecha razonada de que no la respetó?», denunciaban, ayer, varias fuentes consultadas por El Debate.

Insiste en que actuó para frenar un bulo

Y es que para Alvaro García Ortiz, la exposición razonada del TSJM es «coherente» con la «falta de competencia» de dicho tribunal para investigarle o «para revelar sus correos o comunicaciones en el seno de la Fiscalía», de acuerdo con el texto divulgado ayer.

No en vano fue él mismo quien remitió un documento extraprocesal, el pasado mes de junio, al juez Goyena en el que ya le pedía que elevase la causa al Supremo, órgano al que consideraba competente para asumir esta investigación. Eso sí, tratando con ello de evitar que el magistrado entonces encargado de la misma pudiese practicar algunas de las pesquisas y testificales más relevantes para el caso.

Ahora, una vez que ha trascendido la decisión del TSJM de acudir al Supremo, el jefe del Ministerio Público insiste en que asume la «responsabilidad última» de la publicación de la nota de prensa. Además de repetir una y otra vez que se hizo para «desmentir informaciones falsas», un 'bulo', en relación con un investigado –la pareja de Díaz Ayuso–, a su vez, por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Algo que, también este lunes, desmontaba la junta directiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en un texto en el que recuerdan que si el fiscal general del Estado y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, consideraron que se estaban propagando, en diferentes medios, noticias que afectaban negativamente a la Fiscalía de Madrid, debieron «simplemente denunciar la filtración de dichas noticias al Colegio de Abogados y emitir una breve nota dando cuenta de esta actuación».

Pero, en ningún caso, recurrir a hacerse eco de datos confidenciales de ciudadanos particulares, por mucho que «otros los hubieran desvelado total o parcialmente antes».