El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz tras tomar posesión de su cargo en el Supremo
El balance judicial
Un total de cinco fiscales implicados en la filtración de García Ortiz sobre el novio de Ayuso
El estado de las pesquisas judiciales y de las conversaciones interceptadas, hasta la fecha, han puesto el foco sobre tres actores principales y dos colaterales en la trama de revelación de secretos
En su último escrito dirigido al magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, el novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, solicitó la imputación del teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, en la causa que se sigue contra el titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
Lo hacía en base a las conversaciones interceptadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, coimputada junto con García Ortiz, en las que Villafañe aparecía como uno de los protagonistas para la obtención de los correos y documentos relativos a la pareja de la presidenta de Madrid, en los días previos a la filtración de los mismos a medios de comunicación y la posterior inclusión de una buena parte de datos sensibles en la nota de prensa emitida por la Fiscalía.
Cabe recordar que los agentes de la UCO, en su primer informe entregado al magistrado, apuntaron cómo la fiscal Rodríguez había señalado que el 7 de marzo se envió «todo» lo relativo al caso de González Amador a Villafañe.
De ahí que, además de la imputación de Villafañe, que sería la tercera de un fiscal en el caso, el abogado de González Amador instase al magistrado la solicitud a Meta –propietaria de la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp– la copia de «todas las conversaciones y archivos» que García Ortiz y su mano derecha hubieran generado desde dicha fecha, así como la «información sobre el posible borrado de conversaciones» mantenidas entre ambos. A la vista de los «cero mensajes» incautados por los investigadores en el móvil del fiscal general que se les entregó, presuntamente, formateado.
Así las cosas, hasta la fecha, el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, la fiscal que accedió a firmar y publicar el comunicado institucional que da origen a las denuncias iniciales –planteadas por el propio González Amador, como posible perjudicado; y, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)–y la mano derecha del primero, el teniente fiscal Villafañe serían los 'tres mosqueteros' presuntamente implicados, de manera directa, en las maniobras de la Fiscalía orientadas a desacreditar a la principal rival política del Gobierno, la presidenta autonómica Díaz Ayuso, revelando los problemas tributarios de su pareja, un ciudadano anónimo y particular.
Sin embargo, no son los únicos miembros de la Fiscalía a los que ha salpicado la polémica y que, a medida que avancen las pesquisas, podrían verse afectados en mayor proporción por las mismas. La fiscal decana de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, Virna Alonso, y la fiscal jefe de la Secretaría General Técnica, superior directa de Villafañe, Ana Isabel García León, son dos piezas todavía por encajar en el puzzle de los hechos denunciados.
La primera de ellas parece quedar en tierra de nadie, tras haber tenido una participación directa en la validación del contenido de la nota publicada desde la Fiscalía Provincial de Madrid que, en sí misma, como ya explicó el Supremo en su auto de admisión de la causa elevada desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) contra García Ortiz, no es en sí misma constitutiva de un delito de revelación de secretos.
La segunda, jerárquicamente ubicada entre el titular del Ministerio Público y la mano derecha de éste, sin embargo, podría verse incluida de manera más directa en la trama de lo ocurrido «en función de lo que se vaya desprendiendo» de las nuevas diligencias ordenadas por el magistrado instructor Herrero.
