El plan de Sánchez para dejar impune la corrupción: limitar la acusación popular y que instruya la Fiscalía

El sindicato Manos Limpias, la asociación Hazte Oír, Iustitia Europa, Liberum, Veritas y Adade son, más allá del Partido Popular y de Vox, varias de las entidades que, con sus denuncias y querellas, iniciaron las pesquisas judiciales de varias de las causas más incómodas para el Gobierno de Pedro Sánchez.

El caso Begoña, que afecta de lleno a la mujer del presidente, o el caso Koldo, que salpica de corrupción al Ejecutivo, arrancaron de la mano de la acción popular, prevista en nuestro ordenamiento y que, ahora, el Ejecutivo pretende limitar en busca de un cortafuegos de «impunidad» para los suyos y para la Fiscalía, de paso, cuyo titular está imputado en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.

No en vano, aprovechando el marco de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que el Gobierno presentaba como anteproyecto normativo a los órganos consultivos preceptivos, antes de final de año, el ministro de Justicia Félix Bolaños defendía la necesidad de «adaptar» ciertos flecos de esta figura «al signo de los tiempos».

Ahora, «el espíritu de la figura de la acusación popular claramente se está pervirtiendo por las organizaciones ultraderechistas, a las que no les importa nada perseguir el delito y establecer los hechos», aseguraba Bolaños.

Lo que buscan «estas organizaciones ultras», según el criterio de Bolaños, es «perseguir a personas progresistas y a sus familias», de ahí que haya puesto sobre la mesa «un asunto» que «tenemos que analizar y cuando tengamos respuesta lo explicaremos».

No era la primera vez que alguien de relevancia en la actual legislatura esbozaba un argumento similar que, según los expertos, podría «beneficiar» al Gobierno y a la Fiscalía en las causas judiciales de ámbito penal que más los acorralan en este momento, así como «ante futuros y eventuales procedimientos».

De hecho, era el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, quien incluía una crítica abierta a la acción popular durante el discurso de apertura del Año Judicial del pasado mes de septiembre.

Ya por aquel entonces, García Ortiz —el titular del Ministerio Público que, como declaró el propio Sánchez, depende de su Ejecutivo— dedicaba la parte final de su intervención institucional a defender un «cambio de modelo» en el que se «reflexione sobre la figura de la acusación popular» y el «riesgo de las investigaciones prospectivas».

Casi como ajeno a su propia situación procesal, el primer fiscal general del Estado, investigado por el Alto Tribunal español, se posicionaba con una crítica abierta a la «utilización en la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno».

Un escenario que «pervierte el esquema natural y lógico» de los tribunales ante los que solo «deberían llegar aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal», aseguraba García Ortiz en clara referencia a los procedimientos que se ciernen sobre la esposa de Sánchez, Begoña Gómez y sobre sí mismo.

La primera, al hilo de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, imputada como presunta autora de varios delitos de tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida e intrusismo profesional. El segundo, como supuesto «máximo responsable» de la revelación de secretos del novio de la presidenta de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, que complica a varios miembros de la cúpula fiscal y que nacía a instancias del propio perjudicado, el empresario Alberto González Amador, y de la mano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), también personado en la causa.

El guante lanzado por el fiscal general ha tenido eco en los planes del actual Gobierno para aliviar la perentoria escena judicial a la que se enfrentan algunos de los nombres propios más cercanos al presidente y que podría extenderse, en los próximos doce meses, a más miembros del Ejecutivo y altos cargos socialistas dentro y fuera de la Moncloa.

Consciente de ello, para los expertos y juristas «no es casual» que en el mismo momento en el que Sánchez impulsa una reforma procesal que permitirá entregar a una Fiscalía subordinada a sus intereses políticos, la instrucción de las causas penales —incluidas las que impliquen casos de corrupción—, el titular de la cartera de Justicia «se haya desmarcado con la posibilidad» de modificar el papel de la acusación popular.

De hecho, en su último informe técnico, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supeditó el papel del Ministerio Público en la posible dirección de las investigaciones judiciales a una reforma imprescindible de la Institución que garantice su verdadera independencia y autonomía frente al Poder Ejecutivo de turno.