Óscar López sale en defensa del fiscal general pese a las últimas revelaciones de la UCO

Un día después de que un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil revelara que el fiscal general del Estado cambió de teléfono móvil justo una semana después de que el Tribunal Supremo le imputara por presunta revelación de secretos, el ministro Óscar López se ha apresurado a salir en defensa de Álvaro García Ortiz, como ha hecho el Gobierno desde que se le decidiera investigar por una presunta filtración de datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso.

«Se está montando una causa contra el fiscal general. Es el mundo al revés. Hay quien persigue los delitos y hay quien comete los delitos, y estamos investigando a quien persigue el delito, es el mundo al revés», ha declarado el titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y recién nombrado secretario general del PSOE de Madrid.

Ese es el argumentario que han venido lanzando en Moncloa desde que por primera vez en democracia se imputara al fiscal general. Defienden desde el Gobierno que la causa «quedará en nada», en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Algo que en último término supone ningunear al Alto Tribunal.

De hecho, el propio Pedro Sánchez respaldó con rotundidad su actuación. «Ha hecho su trabajo, ha hecho lo que debía hacer, que son dos cosas, la primera, perseguir al delincuente y, en segundo lugar, combatir la desinformación y un bulo», sostuvo el presidente del Gobierno cuando se conoció la noticia, en octubre. Lejos de retractarse, hace unas semanas el jefe del Ejecutivo incidía en esa idea: «¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado, quién lo va a hacer?», llegó a decir en una rueda de prensa en Bruselas.

El juez instructor del caso, Ángel Hurtado, pidió a la UCO a través de una providencia el pasado diciembre los números y titularidad de las tarjetas móviles que le fueron incautadas al fiscal cuando se registró su despacho, el 30 de octubre. Y fruto de ese análisis, en el último informe, que se conoció este viernes, los agentes de esta unidad de la Guardia Civil señalaron que «el inicio de actividad de los IMSISs aparejados a estos IMEIs es de fecha de 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas». Exactamente una semana después de ser imputado, el 16 de octubre.

Cabe recordar que en un informe anterior, la unidad de la Guardia Civil confirmó que se había borrado el contenido de los mensajes del móvil en su totalidad. Un hecho que, como contó El Debate en su día, supone un indicio que incrimina aún más a García Ortiz. Un hecho que llevó a una asociación de fiscales, personada en la causa como acusación popular, a pedir al Supremo que le interrogara, y que la oposición ha denunciado como «obstrucción a la justicia», que es lo que volvió a subrayar este sábado el Vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo.

«Cada vez queda más claro que el 'protocolo de seguridad' del fiscal no es más que su intento de ocultar pruebas», escribió ayer en X Cuca Gamarra, en alusión al argumento que esgrimió la Fiscalía tras el borrado de los mensajes, tras conocerse el cambio de móvil. «Y eso es precisamente lo que le delata como culpable», añadió la secretaria general de los populares.