El Instituto de Política Social defiende al juez Peinado ante los ataques del Gobierno

La organización conservadora Instituto de Política Social (IPSE) ha realizado una defensa férrea del juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta en el juzgado madrileño número 41 contra Begoña Gómez entre otros delitos por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. De él, la asociación recalca que «ha conducido la investigación con estricta adherencia a los principios de imparcialidad y profesionalidad que rigen la judicatura española».

Lo hace en estos primeros días del año mostrando su rechazo a los ataques que viene sufriendo el magistrado a raíz de la investigación a la mujer del presidente del Gobierno. Denuncia, en este sentido, que «hay grupos de la extrema izquierda que están señalando mediáticamente y pretenden intimidar» al juez.

Recalca la organización que preside Hertfelder García-Conde que el único objetivo del magistrado es «esclarecer los hechos y determinar la existencia o no de conductas delictivas, sin prejuicios ni influencias externas». «El juez Peinado nos demuestra con su ejemplo que los jueces y fiscales no deben estar al servicio del gobierno de turno, sino al servicio de la Verdad y la Justicia Social», afirma el IPSE.

«Desde el inicio de la instrucción se han garantizado plenamente los derechos procesales de todas las partes implicadas, incluyendo así el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de la investigada Begoña Gómez», subraya la entidad, que defiende que el magistrado «ha mantenido en todo momento la confidencialidad necesaria para proteger la integridad del proceso y evitar juicios paralelos en la opinión pública» y ha advertido a las acusaciones de las penas que hay establecidas para aquellos que difundan «información sensible» relativa al caso.

El Instituto de Política Social también asegura que «las decisiones judiciales están fundamentadas, es decir, el juez Peinado se basa en criterios jurídicos sólidos y en la evaluación objetiva de los riesgos procesales conforme a la normativa vigente». Por todo ello, le describen como un magistrado «comprometido con la legalidad y la justicia».

Desde la apertura de diligencias judiciales a Begoña Gómez el pasado abril, el Gobierno ha venido ninguneando la instrucción, al hacer afirmaciones tales como que «no hay caso». Tras ser llamada a declarar como investigada, el propio Pedro Sánchez difundió una segunda carta a la ciudadanía en la que directamente cuestionaba la decisión del magistrado al señalar que «esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño». Poco después, el presidente del Gobierno se querelló a través de la Abogacía del Estado contra el juez acusándole de prevaricación.