Sánchez falseó los gastos públicos de Begoña Gómez para esconder que los sufragaba La Moncloa

La Presidencia del Gobierno negó siempre, por escrito y en documentos públicos, que Begoña Gómez utilizara recursos públicos para actividades ajenas a su actividad institucional, un bulo desmontado en sede judicial por la asistente personal de la esposa de Pedro Sánchez, Cristina Álvarez, que confirmó ante el juez Peinado que fue contratada para atenderla en todos los ámbitos, incluido la búsqueda de dinero para su «cátedra» universitaria o la creación de la misma, ambas ajenas a cualquier función institucional.

En concreto, Pedro Sánchez negó por escrito el pasado mes de julio, a través de un documento en propiedad de El Debate firmado el día 16 por la Directora del Departamento Jurídico de La Moncloa, Beatriz Rodríguez Pérez, que su pareja se sirviera de recursos públicos para fines privados, con una elocuente frase: «No existen más gastos (…) que los derivados de la función de seguridad».

Según los juristas consultados por este periódico, podría tratarse de una actuación de relevancia penal, al incurrir incluso en un delito de falsedad en documento público en concurso con uno de prevaricación.

Una mentira desmontada por quien más autoridad tenía para hacerlo: la propia Cristina Álvarez recalcó en el tribunal, en su declaración como testigo el pasado 20 de diciembre, que fue Gómez quien la llamó personalmente para hacerle una oferta de trabajo con el objeto de asistirla en asuntos oficiales y privados.

La esposa del presidente reclutó así a una amiga para atender incluso sus intereses personales, pero con cargo al erario en su calidad de directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, justo lo que la jefatura del Gobierno había negado formalmente en varias ocasiones.

De hecho, la ayudante de Gómez explicó ante Peinado que se la nombró específicamente para ayudar a la mujer del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados, como evidencian los correos electrónicos con su firma en los que hace gestiones relacionadas con los másteres y la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en los que trabaja Gómez.

Álvarez ha aclarado que Presidencia la eligió precisamente para hacer labores de secretaria personal de Gómez porque conocía a la esposa de Pedro Sánchez desde hacía tiempo, y que su trabajo era llevar la agenda completa de Gómez, incluidos los asuntos privados, algunos lucrativos.

Sin embargo, Presidencia siempre había negado que se destinasen recursos públicos a las actividades de Begoña Gómez, pese a que algunos de los implicados en el caso desfilaron por el palacio presidencial, como el empresario Carlos Barrabés; o el rector de la UCM, Joaquín Goyache, que fue quien desveló que la secretaria de Gómez se había encargado de concertar la cita.

De hecho, siempre ha argumentado que Presidencia del Gobierno no tiene ninguna función relacionada con la agenda de la cónyuge del Jefe del Ejecutivo que no esté vinculada a la actividad de éste, o con el mantenimiento de su seguridad, dado que Begoña Gómez no posee un puesto orgánico reconocido, aunque sí que reconoce el uso de «los sistemas de comunicación de la Presidencia del Gobierno».

Un hecho que quedó en evidencia cuando El Debate publicó los correos que mandaba y recibía la asesora de Gómez con el objetivo promocionar y conseguir financiación para la cátedra y el máster que dirigió en la Universidad Complutense, algunos de ellos, con el dominio «@presidencia.gob.es» y el logo de Presidencia del Gobierno.

Por ello, el juez preguntó a la asesora por el correo que consta en el sumario de la causa en el que se refleja que trasladó a Reale el interés de Begoña Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando su cátedra, excusándose en que Gómez se lo pidió como un «favor» y que ella hizo la gestión porque es su «amiga».

Sánchez negó siempre que su esposa se sirviera de recursos públicos, un bulo desmontado por testimonios en sede judicial

Pese a ello, Presidencia ha negado la existencia de cualquier otro gasto derivado de la actividad profesional de Gómez, algo que, a todas luces, no es cierto, puesto que tenía a su disposición a una asistente personal que se encargaba de gestionar su agenda, no solo para sus compromisos como ‘primera dama’, sino también para cuestiones laborales, cobrando un generoso sueldo público como asesora.

Silencio en La Moncloa

Es más, este periódico se ha interesado en conocer a cuánto asciende el montante total que ha percibido la asesora por facilitar las labores profesionales de Gómez a costa de la administración, además de conocer cuáles era las labores concretas que debía realizar, pero dada la opacidad que impera en La Moncloa ha sido imposible y no está claro si ingresa cerca de 50.000 euros anuales con un nivel 26 de la Administración o incluso supera los 100.000 euros, al ser remunerada como directora general.

Además, el hecho de que Begoña Gómez utilizase La Moncloa a modo de oficina es algo que ha sido corroborado por las declaraciones de los comparecientes que han acudido a la comisión de investigación que se está llevando a cabo en la Asamblea de Madrid.

Allí, la excoordinadora de uno de sus másteres, Blanca de Juan de Castro, reveló que la mujer del presidente del Gobierno prefería mantener las reuniones de trabajo en el Palacio de la Moncloa para «no tener desplazar a todo su equipo de seguridad».

De Juan afirmó que sus visitas, que circunscribió a trabajo pero también a asuntos personales, se producían siempre en la residencia y aseguró que nunca había estado en «la parte gubernamental» del edificio, algo que corroboró también el codirector del máster de Transformación Social Competitiva: ODS como estrategia, José Manuel Ruano de la Fuente.

Del mismo modo, la excoordinadora del máster reconoció también el papel de la asesora de Gómez en sus negocios, puesto que explicó que «Álvarez trabaja para Begoña Gómez y le organiza y le crea su agenda tanto a nivel institucional como a otros niveles».

Por todo ello, Vox ha presentado una querella contra Sánchez, su esposa, y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez por la presunta comisión de los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación, ya que consideran que ha existido una utilización «abusiva, espuria y arbitraria» por parte de Álvarez y Gómez de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y del Gabinete de Presidencia del Gobierno.

No está claro, aún, qué más gestiones pudo hacer la asesora de Gómez de carácter comercial, aunque sí flota en el ambiente la pregunta que VOX le ha lanzado a Sánchez en incontables sesiones de control en el Congreso, al respecto de supuestas gestiones comerciales en favor de su esposa ante empresas del IBEX 35, sin obtener nunca respuesta del líder socialista.

Y también está claro que la esposa del presidente logró el respaldo de multinacionales como Indra o Google, financiadoras de una plataforma tecnológica que también es objeto de investigación judicial por un presunto delito de apropiación indebida, cuya instrucción seguirá en durante un mes de enero plagado de hitos en los juzgados para el entorno de Sánchez.