La declaración del jefe de gabinete de Ayuso compromete a un fiscal general en el límite de la legalidad

A medida que avanza la causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Supremo, crece la «prueba de indicios» que le compromete como «máximo responsable» en la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, con la intención de desacreditarla. Consciente de ello, y de que cada vez más el futuro procesal del titular del Ministerio Público depende en buena medida de los testimonios, nada menos que once previstos a lo largo de los próximos días, el PSOE decidía mover ficha y denunciar al jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez –citado como testigo, este miércoles a las 10.00 horas–, por el mismo delito de revelación de secretos que pesa sobre García Ortiz.

La comparecencia de Rodríguez fue solicitada por el propio García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, quienes en sendos escritos de la Abogacía del Estado interesaron estas diligencias al entender que contribuirán a arrojar luz sobre la filtración a la prensa de los correos electrónicos entre la defensa de la pareja de Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, y el fiscal que le investigaba por varias irregularidades tributarias, Julián Salto.

En concreto, los Servicios Jurídicos del Estado aseguraron que «Miguel Ángel Rodríguez accedió cuando menos a una parte del contenido de aquellos correos», que se empezaron a conocer la noche del 13 de marzo y que acabó detallando la Fiscalía en una nota de prensa difundida al día siguiente. Y que lo hizo, en cualquier caso, antes que el propio García Ortiz.

Se basaron, para ello, en una información publicada por un diario digital, el 17 de octubre, donde se afirmaba que 'La primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez: correos a varios medios antes del desmentido de la Fiscalía'; y, en dos mensajes publicados por el propio jefe de gabinete de la Presidencia de Madrid, en su perfil de la red social X.

El primero, a las 22:41 del 13 de marzo: «Resumen de la locura de hoy: La Fiscalía ofrece por 'email' un acuerdo al señor González; antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes 'de arriba' para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio». El segundo, cuatro días más tarde, rezaba: «Aclaremos: si doy información con copia de un 'email' oficial de la Fiscalía en el que se propone un acuerdo con González Amador ¿dónde está el bulo? Si se demuestra que el fiscal general paró la operación y se negó al acuerdo ¿dónde está el bulo? Republica bananera con B de Begoña».

Sin embargo, por el momento, la cadena de comunicaciones intercambiada entre la Fiscalía y González Amador sitúa a García Ortiz en el ojo del huracán. Y es que el correo incriminatorio para la pareja de Ayuso, que le ha llevado a verse implicado en el procedimiento abierto ante la Sala Segunda del Supremo, llegó a sus manos antes de que estuviese en poder de los periodistas que se hicieron eco del mismo. No en vano, el titular del Ministerio Público tuvo en su poder el mail de la polémica, remitido a su cuenta personal, a las 21.50 horas del día en que trascendió el contenido del mismo.

Ocho periodistas, también citados

Por consiguiente, el magistrado instructor también accedió a la petición de García Ortiz y Rodríguez de citar a ocho periodistas que, la misma noche de autos, informaron sobre el contenido de los citados 'emails'. Los dos primeros comparecerán esta misma mañana y los otros seis lo harán mañana jueves día 8, desde las 10.00 horas, con el objetivo de esclarecer cuál de ellos fue el primero en difundir el contenido de la comunicación protegida y a qué hora se produjo la publicación.

Cabe recordar que fue a las 21:29 del 13 de marzo cuando se informó de que Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Desde entonces, y de acuerdo con el sumario del caso, la cúpula de la Fiscalía General del Estado puso en marcha la maquinaria para conseguir la cadena completa de la conversación entablada entre la defensa y Salto. Éste se la remitió a Rodríguez y, ella a su vez al mail personal de García Ortiz, a las 21:59.

Los dos fiscales que ya declararon

No en vano, los dos próximos en testificar en esta causa serán Salto y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, citados para el 16 de enero, y los responsables de comunicación de las fiscalías madrileña y general, que comparecerán el día 21.

Cabe recordar que las pesquisas judiciales comenzaron por la querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso por la nota de prensa difundida a las 10:20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid. El Ministerio Público difundió el comunicado para desmontar lo que consideraba un «bulo», en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo en El Mundo, donde se indicaba que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador, en vez de al revés, como ocurrió.

Sin embargo, cuando el Supremo abrió causa el pasado 16 de octubre descartó delito en esa nota de prensa porque la información que ofrecía ya se había publicado horas antes en los medios. Así, puso el foco en la filtración de los 'emails' a la prensa a lo largo de la noche del 13 de marzo.

A ello hay que añadir que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el informe que elaboró analizando el contenido del teléfono móvil requisado a Rodríguez el pasado 30 de octubre, acusó a la Fiscalía General del Estado de ser también la responsable de la filtración a la prensa de la existencia de una investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales, noticia que se publicó en un diario digital a las 6:01 del 12 de marzo.

El magistrado, «minucioso e impecable»

Por su parte, el magistrado Ángel Hurtado, ajeno a la contienda política ha ordenado, en un breve período de tiempo, la práctica de varias pruebas orientadas al esclarecimiento de la línea temporal de lo ocurrido. Las pesquisas del instructor coordinado dos líneas de investigación paralelas: la primera, destinada a esclarecer el papel del titular del Ministerio Público en la filtración de los datos confidenciales de la pareja de la presidenta de Madrid; la segunda, los motivos que supuestamente le llevaron a destruir el expediente que los contenía –pese a haberlo recibido en su mail personal la noche del 13 de marzo de 2024–, una vez fue consciente de que estaba siendo investigado.

Así las cosas, la mayoría de los expertos coincide en que para la ley «no es indiferente» que el investigado en libertad de un procedimiento se deshaga de «pruebas relevantes» para el caso. En especial cuando las pesquisas afectan a un fiscal general que «debería velar en todo momento por el cumplimiento de las normas», no al contrario, «y por la fidelidad en la custodia de documentos que él mismo ordenó, que se le entregasen por razón de su cargo y no precisamente en el transcurso de una conversación privada», apuntan los mismos expertos consultados.