Los testigos desmontan en el Supremo las coartadas del fiscal general sobre la filtración contra el novio de Ayuso

La causa por la que el Supremo investiga al fiscal general del Estado como presunto autor de un delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, avanza casi de manera inexorable hacia al apertura de juicio contra Álvaro García Ortiz. Las pruebas de indicios sólidos que se han ido acumulando, a lo largo de las diligencias practicadas por el magistrado Ángel Hurtado, algunas de las cuales todavía están pendientes de recibirse, no auguran un horizonte despejado en el futuro procesal del máximo responsable del Ministerio Público.

Cierto es que lo inédito de la situación, el primer fiscal general imputado en democracia, ha requerido en ocasiones de acciones muy específicas para esclarecer el hilo temporal de los hechos y el total de las comunicaciones mantenidas desde los dispositivos móviles investigados –pese a que García Ortiz se deshizo de sus terminales y borró todos los mensajes, casualmente, una semana después de ser encausado–, en los días previos a la publicación de la nota de prensa de la polémica.

Si bien el comunicado en sí mismo, como ya expuso el Alto Tribunal, no incurrió en irregularidades, puesto que horas antes algunos medios de comunicación se habían hecho eco de buena parte del contenido, el instructor Hurtado considera cuasi acreditado que la Fiscalía filtró la información sensible a La Moncloa, antes de que la prensa lo reflejase. Además, varios de los testimonios han sugerido, sino afirmado, que la única posibilidad de que esos medios manejasen los datos sensibles sobre la pareja de Díaz Ayuso, minutos después de que García Ortiz hubiese recibido la totalidad de los mismos, sólo puede tener una explicación que le apunta de manera directa.

No en vano, este mismo jueves, la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra, citada como testigo, confirmaba ante el juez que la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se precipitaron los acontecimientos, sospechó que toda la documentación que el fiscal general del Estado había pedido sobre Alberto González Amador, de manera «urgente», y a través de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también coimputada, acabaría viendo la luz, de uno u otro modo.

Molesta con el modo en el que se estaba tratando el asunto y con el contenido de una nota de prensa que le dieron hecha y que le ordenaron divulgar «por imperativo», como adelantó El Debate, Lastra se negó a participar en aquella supuesta trama orquestada, por lo que se conoce hasta la fecha, a tres bandas: entre Rodríguez, García Ortiz y la mano derecha de éste, el teniente de fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, también imputado. Este último fue quien, presuntamente, el 7 de marzo se interesó de manera directa por el asunto tributario de González Amador y reveló a la jefa de la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía, Virna Alonso, a su vez superior jerárquica del fiscal Salto, quién era el investigado y qué relación mantenía con la presidenta de Madrid.

En medio de la vorágine, de los cruces de llamadas perdidas con el fiscal general del Estado, hasta 6 en la hora previa a que se lanzase el comunicado a la lista de difusión de los periodistas, desde la Fiscalía Provincial, y mensajes de Whatsapp a su móvil personal Lastra llegó a preguntar al fiscal general del Estado por su implicación. «Álvaro, ¿lo has filtrado tú?», cuestionó. «Eso ahora no importa», le respondió.

Era la primera ocasión en la que, más allá de los pantallazos conocidos hasta la fecha, procedentes tanto del móvil de la fiscal Rodríguez analizado por la UCO de la Guardia Civil como de los pertenecientes a Juan Lobato ex secretario general del PSOE de Madrid y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Presidencia de la comunidad autonómica, alguien verbalizaba en sede judicial, tras un pormenorizado relato de lo ocurrido en los días previos al escándalo, las sospechas de que pudo ser el máximo responsable del Ministerio Fiscal quien desencadenó, con sus órdenes directas, los acontecimientos necesarios para construir un «relato» diseñado, presuntamente, para desacreditar, a través de los asuntos particulares de su pareja, a la presidenta de Madrid.

Tampoco ha ayudado a García Ortiz el hecho de que al fiscal al que sacaron del fútbol para que enviase toda la información, en la noche del 13 de marzo del año pasado, Julián Salto, confirmase ayer al juez Hurtado que no existe ningún «protocolo de borrado» periódico de mensajes para los miembros de la Institución. Salto, que ha resultado ser el delegado del Servicio de Información digital del Ministerio Fiscal (SIM), desmontaba ante el magistrado del Supremo la explicación de la cúpula de la Fiscalía tras conocerse que la Guardia Civil había localizado «cero mensajes» en el terminal incautado al fiscal general investigado.